El juez Fernando Andreu ha imputado al ex alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada (PP), de un delito de administración desleal tipificado en el Código Penal con una pena de prisión de seis meses hasta tres años de cárcel, que puede ampliarse hasta 4 años con otros delitos. El dispendio de las tarjetas ‘black’ puede salirle tan caro como a Rodrigo Rato y Miguel Blesa, imputados en la misma causa y por los mismos delitos, según informa el diario «Voz Pópuli». Y no es el primer encontronazo del ex primer edil majariego con la corrupción municipal: anteriormente se libró de 2 denuncias, aunque acumula muchas más. Estos son sus «antecedentes», pues Romero de Tejada jugaba a la ruleta rusa con unas prácticas en las que ya era reincidente pero que ahora están en el punto de mira por la mayor exigencia ciudadana en asuntos relacionados con impunidad y corrupción:

El interventor del Ayuntamiento de Majadahonda llevaba alertando desde hace 15 años sobre la malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Majadahonda. Lo hizo por primera vez en 1999 cuando detectó un pago irregular de tres millones de pesetas (18.000 euros) e instó al entonces alcalde Romero de Tejada a enviar dos facturas al Tribunal de Cuentas y al fiscal general del Estado para que se investigaran. Una de las facturas correspondía a un pago a una empresa de informática, que cobró «sin ninguna orden ni intervención de ese gasto y sin que el Ayuntamiento reconociera la deuda». Romero de Tejada aseguraba que sólo se trataba de un error burocrático, mientras que la oposición afirmaba que ese pago era «irregular y muestra el desmadre en la gestión administrativa del Consistorio». Esta es la historia.

Fue el periodista Juan Francés quien la escribió: «El interventor municipal advirtió en un informe sobre dos pagos anómalos, uno de fecha 3 de julio de 1998; y el otro, del 30 de noviembre del mismo año. El funcionario apuntó que, dentro de una remesa de 240 millones de pesetas, se pagaron 3.089.000 a una empresa sin ninguna orden ni intervención de ese gasto y sin que el Ayuntamiento reconociera la deuda. El interventor insta al alcalde a que, como esos pagos «pudieran ser considerados una malversación de caudales públicos», se los comunique al Tribunal de Cuentas y al fiscal general del Estado para la exigencia de responsabilidades administrativas y penales». Romero de Tejada aseguró que había abierto una investigación interna para aclarar el asunto, y añadió: «Se trata de un simple y vulgar error». «Dentro de una relación de 50, 60, 100 facturas se pagó una que no cumplía los requisitos de fiscalidad», añadió. El entonces concejal socialista Antonio Morales afirmaba en cambio que «este error administrativo pone en evidencia la gestión municipal». No fue la única actuación que salpicó a Romero de Tejada. Veamos esta otra bastante más grave:

«Un informe del interventor del Ayuntamiento de Majadahonda, fechado en abril de 2000, destapó que la venta de una parcela municipal de 30.154 metros cuadrados a la constructora Afar 4 -propiedad de un amigo del ex alcalde de la localidad y ex secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada- provocó un «perjuicio económico» a las arcas municipales de 187.543.796 millones de pesetas (algo más de un millón de euros). ¿Cómo llegó el interventor a esta conclusión? En marzo de 1999, el entonces alcalde, Ricardo Romero de Tejada, inició el expediente de venta de la parcela DN-8 mediante subasta. El solar tenía 30.514 metros cuadrados. El arquitecto municipal la valoró en 1.373 millones (8,2 millones de euros) y señaló en su informe que se había «procedido a depurar la situación física de la parcela, no siendo necesario su deslinde»: es decir, estaba lista para vender.

«Se presentaron dos empresas: Afar-4, que ofreció 1.700 millones, y Mapfre, que daba 1.510», dice Esther Sánchez, y añade: «Pero el 25 de septiembre de ese año, Afar-4 remitió un escrito al Ayuntamiento denunciando la existencia de «vicios ocultos»: una línea de alta tensión y una conducción del Canal. Por ello, la constructora pedía que se aplazase «el pago de la adjudicación hasta que Ayuntamiento e Iberdrola hagan desaparecer el actual tendido».

«En abril de 2003, un técnico municipal firma la propuesta de resolución definitiva en la que se permite el fraccionamiento del pago: 600 millones en un primer plazo, 600 millones 18 después y otros 502 doce meses más tarde. El interventor municipal redactó después un informe en el que mostraba su sorpresa porque en el momento del pago «se hayan descubiertos servidumbres desconocidas hasta entonces» y reclama que se exijan «las responsabilidades, en todo orden, en que pudieran haber incurrido autoridades, funcionarios, empresas públicas o privadas». Y añadía que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite al Ayuntamiento cobrar los intereses de demora legales. El interventor calcula en 187 millones de pesetas las pérdidas causadas y recomienda a la alcaldía que abra expediente informativo. Pero, además, otro informe del secretario municipal ponía en duda que no se pudiese construir en la parcela y que Afar-4 no conociese los vicios ocultos de antemano». El caso acabó con Afar-4 vendiendo la parcela a Mapfre, la otra entidad que se presentó al concurso, y que actualmente levanta un edificio de oficinas en el solar. Afar-4 declinó hacer declaraciones», concluye la periodista.

Fuentes:

El País

El País