CARLOS BERBELL. Si Valdés Dal-Ré fuera un juez o magistrado normal, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial lo suspendería justo en ese momento. Con ese auto. Tal como establecen los cánones del artículo 338.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cánones que no le son aplicables porque el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial; la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es mucho más laxa. Le permitiría seguir siendo magistrado pasada esa línea roja. Hasta ser condenado, incluso, “por delito doloso o por culpa grave”, tal como establece el artículo 23 de esa ley. Sí, es cierto. Hay más manga ancha para los 12 magistrados del Constitucional que para los 5.500 jueces y magistrados que ejercen diariamente la jurisdicción en los cuatro puntos cardinales de España. Soy consciente de que el presidente, Juan José González Rivas, mira por la Institución, que es la niña de sus ojos, y que también aprecia a Valdés Dal-Ré. Le duele lo que está ocurriendo. Mucho. Pero se encuentra en un callejón sin salida. No tiene más remedio que “dejarlo marchar”, dicho en plan fino. El pasado jueves (8 de octubre de 2020) le dijo a Valdés Dal-Ré, de esa forma que la gente educada tiene de decir las cosas, sin decirlas, de forma oblicua, pero que todo el mundo entiende, que tenía que tomar la decisión de marcharse, de forma voluntaria. Le dejaba que lo hiciera a su manera, como la canción que canta Frank Sinatra y cuya letra compuso Paul Anka.

Valdés Dal-Ré, que está de baja médica, pidió tiempo. Supongo que para hacerse a la idea final de que su tiempo en el Constitucional se ha acabado. Pero es que el Constitucional no debe ni puede soportar el escándalo de verlo sentado en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Un juicio de alto interés mediático en el que habría cientos de solicitudes de que se diera por televisión, como el del proceso independentista catalán. Sería algo inédito. Y paradójico. Porque, como le ocurrió en su momento al padre de la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el exministro de Justicia por el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, nuevamente un comprometido en la lucha contra esta lacra se ve inmerso en la maquinaria que se ha puesto en marcha para combatirla. Lea el artículo completo en la web Confilegal.

SERVIMEDIA. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes 16 de octubre (2020) el cese del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré como miembro del Tribunal Constitucional por renuncia al cargo aceptada por el presidente del tribunal, Juan José González Rivas. La orden firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara el cese del magistrado nombrado a propuesta del Congreso de los Diputados y le agradece los servicios prestados. Valdés presento el pasado miércoles la renuncia a su puesto en el Tribunal Constitucional tras ser procesado en el Supremo por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, que apreció indicios de criminalidad contra el magistrado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó, en sintonía con el informe de la Fiscalía, abrir causa al magistrado por presuntos delitos de maltrato previstos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal. La decisión supone seguir con las investigaciones iniciadas por la juez de Majadahonda (Madrid) donde ocurrieron los hechos denunciados. Tras analizar su contenido, el Supremo señaló que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito.En su resolución, el alto tribunal añade que comparte la valoración inicial de la juez y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias”.

Por ello nombra instructor, conforme al turno previamente establecido, “para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”. Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio del municipio madrileño de Majadahonda y permaneció unas horas detenido, para pasar después a disposición judicial. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, se hizo cargo del asunto, pero el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que es la Sala Segunda (de lo Penal) de este tribunal la única que puede investigarle.