El juez Fernando Valdés (Majadahonda)
MANU RAMOS. «El instructor, Andrés Martínez Arrieta, deberá decidir ahora si practica nuevas diligencias o se pronuncia sin más indagaciones sobre el posible archivo de la causa o la apertura de juicio oral. El archivo supondría la reincorporación de Valdés a la actividad del Constitucional, una vez supere las causas de la baja médica que solicitó hace dos semanas. La eventual apertura de juicio oral, en cambio, le obligaría a dejar dicho puesto». Este es el análisis judicial que hace el periodista José María Brunet en el diario El País mientras el Tribunal Supremo prosigue sus deliberaciones sobre el «caso Valdés», el magistrado del Tribunal Constitucional que fue detenido por golpear presuntamente a su esposa según las llamadas de auxilio que ella misma profirió. Su mujer, Bernadette Verelst, se desdijo posteriormente ante la Guardia Civil y la Policía Municipal de Majadahonda, 8 de cuyos agentes tuvieron que declarar ante el alto tribunal junto con un médico del Samur y los dos jóvenes que oyeron las llamadas de auxilio de la víctima. Un caso de malos tratos sobre las que ha extrañado el silencio de las numerosas asociaciones feministas que subsisten de forma subvencionada en España, según apuntaba la web Confilegal.
Josep Mª Brunet
El mismo periodista José María Brunet, que antes escribía en La Vanguardia y ahora lo hace en El País, ha escrito recientemente que el Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo para renovar seis cargos clave del Supremo. El pacto ya alcanzado entre los sectores conservador y progresista es que estas seis plazas de ningún modo pueden quedar vacantes, aun asumiendo que habrá críticas por no congelar los nombramientos mientras el CGPJ no sea renovado. La presidencia más disputada es la de la Sala de lo Contencioso, que puede quedar en manos de Pilar Teso o César Tolosa, que representan respectivamente a progresistas y conservadores. Es un cargo de especial importancia porque la jurisdicción contenciosa decide asuntos de gran repercusión económica y, con frecuencia, también política. Basta recordar el caso de los impuestos de las hipotecas o los recursos contra el traslado de los restos de Franco, por ejemplo. Esta presidencia está de algún modo asociada a la de la Sala Quinta o de lo Militar, ya que también en esta están en liza un candidato conservador, el ex fiscal general Julián Sánchez Melgar, y uno progresista, Jacobo Borja de Quiroga López. El punto de partida del pacto consiste en que ni la izquierda ni la derecha judiciales pueden obtener las dos presidencias.
«En cuanto a la Sala de lo Penal se da por prácticamente segura la elección del progresista Javier Hernández, actualmente en el Tribunal Superior de Cataluña y expresidente de la Audiencia de Tarragona. La segunda plaza sería para Concha Espejel o Ángel Hurtado, respectivamente presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrado de esta misma instancia. Para la tercera plaza de la Sala de lo Penal del Supremo figuran, entre otros, José de la Mata, Jesús Barrientos y Lorenzo del Río. La Sala Social será presidida por María Luisa Segoviano o Lourdes Arestey, la primera conservadora y la segunda de la Asociación Francisco de Vitoria, el centrismo de la carrera judicial. Lo seguro, por tanto, es que por primera vez en la historia del Supremo la presidencia de una Sala quedará en manos de una mujer», concluye Brunet.
