JULIA BACHILLER. De lo acontecido en el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda este jueves 30 de junio (2022), el primer debate suscitado dentro del Orden del Día fue a consecuencia de la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2022. O como bien definió el concejal Alfonso Reina (Cs), ”los dineros que nos van a tener que ingresar los vecinos en las arcas de este Ayuntamiento”. Entre las alegaciones presentadas cabe destacar las que no fueron aceptadas, como la presentada por el PSOE y la Asociación Vecinal de Majadahonda solicitando excluir a las Casas de Apuestas de cualquier tipo de bonificación por parte del consistorio por el perjuicio que pueden ocasionar en la población. En su respuesta, el concejal popular comparó dicho negocio con un «estanco», en el cual se venden productos nocivos para la salud como es el tabaco, motivo por el cual el gobierno municipal PP-Vox denegó esta alegación. Otra de las alegaciones denegadas y presentadas por los mismos proponentes estaba basada en suprimir bonificaciones a la construcción de centros destinados al culto religioso, recibiendo esta respuesta por parte del concejal Alonso: “No compartimos quitar derechos a nadie, no compartimos una sociedad de carácter laico porque defendemos la aconfesionalidad del Estado en los términos que recoge la Constitución”. Finalizado el debate, el punto fue aprobado con los votos a favor de PP, Vox y Cs con la abstención del PSOE.

Como era de esperar, el reconocimiento de deuda que supuso la edición de la revista municipal y su distribución en su especial de Navidad no se debatió. Tan solo se procedió a su votación, recibiendo la aprobación por parte de PP-Vox y la abstención de Cs y PSOE. Una manera de ocultar el importe del gasto ocasionado, que ningún grupo reclamó ni desveló. La opacidad llegó al punto de que se ocultó una vez más la gestión en esta materia, que ocasionó que una vez más el vencimiento del contrato provocara que durante varios meses la revista municipal no se publicase, teniendo que proceder al reconocimiento de deuda.

La adquisición del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social para convertirlo en biblioteca obtuvo el voto en contra del partido Ciudadanos. La concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, leyó un discurso en el que dijo que para esta adquisición el expediente cuenta con los informes técnicos del director del área de Urbanismo y del arquitecto municipal, quienes garantizan que el importe solicitado de casi 8 millones está acorde con el mercado inmobiliario local. Y un tercer informe del director de Cultura y Fiestas, quien avala la necesidad de una biblioteca sucursal. Ante tanto informe, la negativa de Cs se basó en su consideración de la inexistencia de un cuarto informe, el cual debía reflejar los gastos de adecuación, dotación de mobiliario, personal y demás costes que deriven para el funcionamiento adecuado de la instalación como biblioteca. Como alegó el concejal Anselmo Soto (Cs) poniendo varios ejemplos, si a este dinero hay que añadirle otro superior, similar o inferior, el resultado final en ningún caso aportará un coste de 8 millones: «tan solo asegura que Majadahonda algún día tendrá unas costosas instalaciones para una biblioteca».

En relación con la modificación de la partida presupuestaria de personal, esta derivó en un debate cuya conclusión se centró en la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que los partidos de la oposición llevan solicitando años para llevar un control más exhaustivo de los empleados que prestan su servicio en el Ayuntamiento. Como era de esperar, el voto a favor de PP-Vox, la abstención de Cs y el voto en contra de PSOE dio por aprobado el punto.