MANU RAMOS. El 28 de mayo de 2018, hace ahora 2 años, los jueces enviaban a prisión a un alcalde de Majadahonda: Guillermo Ortega, alias «Willy«. No era el primero. Antes había encarcelado al socialista Rodríguez Colorado alias «Colo«, a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos dentro del «caso fondos reservados», el saqueo de los «fondos de reptiles» del Ministerio del Interior. Y después condenaron al tercer alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, a 364 días de cárcel por el caso de las «tarjetas black» de Caja Madrid. Con esos antecedentes, este lunes 15 de junio abandona la prisión de Soto del Real el ex alcalde «Willy Ortega«, pero nadie sabe ni la apariencia física con la que se presentará a la Audiencia Nacional -había engordado notablemente y descuidado su aspecto– y lo que es peor para su partido, si desvelará la corrupción del PP en Majadahonda de la que fue protagonista y testigo, pues está condenado a 38 años y 3 meses de cárcel. Los abogados penalistas aseguran que «Willy» cumplirá la mayor parte de su condena y no saldrá de prisión hasta el año 2038. Le quedan 28 largos años por delante por lo que existe expectación –y también cierto temor– por lo que pueda decir ante el juez García Castellón y las fiscales Anticorrupción. Cuando fue condenado, la sentencia recoge que «manejó un entramado societario en el extranjero con el que movía su dinero» y aunque no ha devuelto nada, todo indica que tardará en disfrutarlo. Él argumentó que no tenía pasaporte en vigor y que había comparecido siempre que le habían citado pero los jueces apreciaron «riesgo de fuga» porque el «entramado financiero y societario» lo ideó para la «sustracción de fondos». De hecho, el Ayuntamiento de Majadahonda quedó al borde de la bancarrota y tuvo que ejecutar un «subidón» del IBI para pagar el saqueo de fondos públicos que realizaron el alcalde, concejales y asesores, cuantificado en 15 millones de euros.

La periodista Gema Huesca de «La Información» ha recordado este sábado que el magistrado García Castellón ha acordado «una batería de citaciones que arrancan este mismo lunes (15 de junio de 2020) con el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Un día después desfilarán por la Audiencia Nacional Isabel Jordán, -ex empleada de una de las empresas de Francisco Correa- y «El Albondiguilla«. Todos ellos, implicados en la trama Gürtel, estaban llamados a declarar a mediados de abril pero el juez García Castellón se vio obligado a suspender el calendario tras declararse el estado de alarma por la crisis del coronavirus». En la diligencia de ordenación, recogida por este diario, el juzgado explica que los letrados que tengan intención de acudir presencialmente a la sesión tendrán que comunicarlo con antelación.

«Nueva ronda de citaciones. Caso Púnica: habla el único testigo que señala a Esperanza Aguirre por la caja ‘b’ del PP. A menos de dos meses de cerrar la instrucción, el juez llama a declarar, a petición de Anticorrupción, a Arturo González Panero, el «Albondiguilla«, alcalde de Boadilla, Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda e Isabel Jordán, contable de la Gurtel. El juez alarga dos meses el caso Púnica tras el virus y fija el fin el 27 de agosto», titula La Información. Carmen Lucas-Torres en «El Independiente» señala que «el juez cita a tres testigos que cercarán a Esperanza Aguirre ante la falta de indicios de las fiscales. Guillermo Ortega e Isabel Jordán, condenados a 38 y 21 años de prisión por Gürtel, y Arturo González Panero, procesado que se enfrenta a 40 años de prisión, están dispuestos a tirar de la manta a cambio de mejorar su situación personal». El Mundo resalta que «Fiscalía Anticorrupción también se ha puesto en contacto con el ex alcalde ‘popular’ de Majadahonda, Guillermo Ortega, que prestará declaración en Púnica un día antes que Jordán. Al igual que la ex administradora de Gürtel, será preguntado por la información que dispone de Esperanza Aguirre. En el mismo sentido declarará Arturo González Panero, ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, quien recientemente también ha apuntado en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción que Aguirre tenía «un control absoluto tanto en la Comunidad de Madrid como en el partido; nadie hacía nada importante sin su beneplácito».

«Tanto Jordán como Ortega y Panero buscan con sus nuevas declaraciones un trato favorable por parte del Ministerio Público, tanto en las causas pendientes que tienen algunos de ellos como en régimen penitenciario que tienen Jordán y Ortega. Según ha podido saber El Mundo a través de fuentes próximas a las conversaciones mantenidas durante los últimos meses entre Jordán y el Ministerio Público, quien fuera una de las personas de máxima confianza de Francisco Correa en sus empresas, está dispuesta a contar que «Aguirre estaba al tanto de todas las contrataciones» con la empresa propiedad del argentino Daniel Mercado, investigado por financiar irregularmente al PP en varias comunidades autónomas como Madrid y Baleares. La información de la que dispone esta ex trabajadora del Grupo Correa se debe a que Easy Concept fue utilizada por Over Marketing para presentarse a algunas de las licitaciones y repartirse el negocio posterior por lo que explicará que tuvo información directa sobre estos procesos». Por último, Europa Press subraya que «Jordán también indicó que era habitual que la Comunidad de Madrid pidiera expresamente a las empresas del Grupo Correa que fraccionara las facturas para eludir los requisitos de publicidad y adjudicación establecido por la ley. La Administración indicaba el concepto que había que poner, «la persona a la que había que dirigirse o si había que cambiar el año para facturar», apostilló.