El fiscal acusa al «descuartizador de Majadahonda» de ser un frío y calculador asesino por dinero

«Treinta años de internamiento en un psiquiátrico para que lo traten de su patología psíquica. Es la medida que pide el fiscal para Bruno Hernandez Vega, conocido como «el descuartizador de Majadahonda», a quien considera autor de dos delitos de homicidio (el de su tía y su inquilina); uno de estafa, otro de falsedad documental y un quinto de tenencia ilícita de armas. La suma de estos delitos supera los 26 años de prisión, pero el Ministerio Público considera que dada su enfermedad mental las capacidades del autor «se encontraban comprometidas en el momento de los hechos», según el escrito de acusación al que ha tenido acceso ABC, de ahí que pida una medida de seguridad. En su relato de hechos, la Fiscalía sostiene que Bruno Hernández «en fecha no determinada pero posterior al 13 de abril de 2010 dio muerte de manera voluntaria a su tía Liria Hernández Hernández». No se ha podido concretar ni el día ni el lugar. Luego troceó y destruyó su cuerpo utilizando para ello «la máquina picadora industrial» que tenía en el sótano del domicilio de la víctima, en la calle Sacedilla de Majadahonda».

El periodista Cruz Morcillo revela que el fiscal cree que Bruno no mata por enfermedad sino por dinero: «Tras el crimen, Hernández se propuso «obtener un ilícito beneficio económico a costa de su tía», de forma que entre el 22 de noviembre de ese año y el 28 de junio del siguiente firmó recibos contra una cuenta corriente que Liria tenía abierta en Bankia. Esos recibos debían ser abonados en la cuenta del Santander perteneciente a la empresa «Obras y Reformas de Fincas XVXXII», de la que Bruno era socio y administrador único. El importe de los recibos es de 33.227, 85 euros, dinero del que dispuso el acusado. Simuló contrato y padrón: Con el mismo fin simuló su firma en un documento del 1 de junio de 2013, un contrato de alquiler en el que su tía Liria le cedía el uso de la casa de la calle Sacedilla (el chalé de los horrores) durante 15 años por 18.000 euros. Por supuesto, no los abonó pero él sí alquilaba habitaciones en esa vivienda, lo que a la postre le costó la vida a una de sus inquilinas. También falsificó la firma de su pariente para empadronarse en esa vivienda en septiembre de 2014, según constató la investigación de la Comandancia de Madrid.

Liria Hernández llevaba 31 años divorciada y su único hijo había muerto en 2006. Pese a que tenía cinco hermanos, entre ellos el padre de Bruno, ninguno denunció su desaparición «ya que al parecer no tenían contacto con ella». Nadie la echó en falta hasta que la Guardia Civil empezó a buscar a la siguiente víctima de Bruno, la argentina Adriana Beatriz Gioiosa, que había alquilado una habitación en una vivienda cuya dueña parecía haberse esfumado. La noche del 1 de abril de 2015, el acusado mató a Adriana. No se sabe cómo. Luego, como había hecho con su tía troceó y destruyó su cuerpo utilizando la misma picadora industrial que guardaba en el siniestro sótano. El fiscal detalla uno a uno los actos que llevó a cabo Bruno Hernández –quien padece esquizofrenia paranoide de curso crónico con varios ingresos– para hacer creer al entorno de Adriana que se había ido de viaje y seguía viva. El 3 de abril dejó una carta bajo la puerta del Burguer King en el que trabajaba la víctima en la que la mujer se despedía de su empleo.

El acusado siguió manteniendo la farsa y envió mensajes con el móvil de la argentina a sus allegados. Les contaba que estaba de viaje en Barcelona y que iría por Europa; de hecho, Bruno llegó a viajar en tren a la ciudad catalana para que el móvil se posicionara en ese lugar. Adriana, de 54 años, estaba soltera. Había regresado de Argentina unas horas antes de su muerte y seis días después su hermano Eduardo viajó a España alertado por no saber nada de ella. Ese mismo día denunció su desaparición y al siguiente fue detenido el dueño del chalé. Le había contado que Adriana se marchó de viaje con su novio. «Bruno Hernández hizo desaparecer lo que había quedado de los cuerpos, ocultándolos en lugar que se desconoce, ya que la mencionada picadora industrial era de gran potencia y capaz de triturar carne y huesos previamente troceados aptos para entrar por la boca de carga de la máquina», señala en su escrito la Fiscalía.

El cadáver de Adriana se buscó en el vertedero de Pinto entre el 28 de mayo y el 22 de diciembre de 2015, sin resultado. El coste fue elevadísimo, según el fiscal. En la casa del padre de Bruno, en Móstoles, donde había vivido el acusado, se encontró el pasaporte y el permiso de conducir de la víctima, sus joyas y la llave de su coche, que apareció abandonado. Bruno guardaba además armas y munición; algunas tenían permiso y otras no. A falta de que se pronuncie su defensa, ejercida por Marcos García-Montes, la acusación particular (la familia de Adriana) solicita 24 años de prisión para Hernández y no aprecia ninguna circunstancia que modifique la responsabilidad del acusado, quien está en prisión desde abril del año pasado. El fiscal pide además una indemnización de 240.000 euros.