MANU RAMOS. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha tomado la decisión de imputar al ex alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), y a su asesora de prensa, Laura Nistal, «en la pieza que investiga los contratos reputacionales para cargos del PP en redes sociales, pagados con dinero público al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro», cuyo rostro se muestra en la imagen, según informan los periodistas Miguel Ángel Campos y Alfonso Ojea de la Cadena Ser. El magistrado ha ordenado la imputación de 18 personas, «entre los que se encuentran cargos y ex cargos del Partido Popular, así como trabajadores de administraciones gobernadas por este partido, en delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación entre otros. El diario «El País», a través del periodista Óscar López-Fonseca, añade que «el juez destaca que, en la mayoría de los consistorios investigados, la trama utilizó dos canales para desviar fondos municipales para pagar los servicios de reputación online personales para los cargos públicos del PP. Así, destaca que en ocasiones se fingía la contratación de servicios de formación o auditorias a las sociedades de Alejandro De Pedro, para lo que utilizaban facturas falsas “por importes que no superarían el umbral del contrato menor”, para así evitar la fiscalización de los servicios de control». El diario añade que «en otras ocasiones, De Pedro se valía supuestamente de su red de diarios digitales zombis, con una difusión mínima y contenidos escasos, para simular la contratación desde el consistorio de publicidad institucional mediante la inserción de espacios publicitarios en estos».

«Las nuevas pesquisas judiciales se centran en el supuesto amaño de contratos en los Ayuntamientos de Majadahonda, Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Alcobendas y Coslada, así como en la Consejería de Educación madrileña, donde ya estaba imputada la que fuera su titular en los gobiernos de Aguirre, Lucía Figar«, indica el diario madrileño. Y agrega que «un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de diciembre de 2016, recogía el intenso intercambio de mensajes» con «uno de los principales implicados en el sumario, el experto informático Alejandro de Pedro«. Entre ellos, las «discrepancias» que tenían sobre la cantidad mensual a pagar por los trabajos de reputación online. También recoge las conversaciones de Alejandro de Pedro y Laura Nistal. Los Ayuntamientos de Madrid y Valencia, cuando eran alcaldesa Ana Botella y Rita Barberá respectivamente, también han sido analizados pero «en ambos casos, García-Castellón considera que “los indicios recabados” no son suficientes para concluir que los trabajos realizados por las empresas de la trama estuvieran dirigidas a mejorar la imagen de las dos alcaldesas, sino “las noticias favorables al equipo municipal, enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas”. No obstante, el juez señala que estas pesquisas no se archivan y que en futuras investigaciones pueden aparecer nuevos datos».

Y es que también están bajo el punto de mira «los trabajos de reputación online que la red realizó en terceros países. En concreto, en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Para el magistrado, los hechos “podrían no estar sujetos a la jurisdicción española” y, por ello, los excluye de esta pieza del sumario. La Fiscalía había pedido en su escrito al juez que citara como imputados a dos personas vinculadas a una mercantil panameña implicada, además de plantear la posibilidad de interponer una nueva querella criminal por estos hechos por un delito de corrupción en las transacciones internacionales», finaliza El País.

Por último, la periodista Alicia Gutiérrez de «Infolibre» destaca que «en total, el magistrado cita a 17 nuevos imputados por hechos como los arriba descritos. Entre ellos figuran Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda hasta 2019″ y el de Alcobendas: «Basándose en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez considera que García de Vinuesa pudo incurrir en los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación. Según la resolución judicial, «habría concertado en el año 2011 con el investigado Alejandro de Pedro que cuidase su reputación personal en la red a través de la sociedad EICO, a los efectos de que Internet ofreciese una imagen positiva de su persona que le favoreciese». Y simultáneamente, «acordaría con el mismo [De Pedro] la estrategia para que fuesen fondos públicos quienes abonasen este trabajo, con conocimiento de que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él. Propietario de las empresas Eico y Madiva, Alejandro de Pedro aparece como uno de los imputados esenciales de la pieza de Púnica donde la Audiencia Nacional investiga los múltiples pagos que distintos organismos públicos desembolsaron para lavar y mejorar en internet la imagen de dirigentes políticos. En el caso de García Vinuesa, el coste para el consistorio de Alcobendas ascendió a 69.051 euros«, concluye Infolibre.