El interventor del Ayuntamiento de Majadahonda, Julio Prinetti (en la fotografía, a la derecha de la mesa), protagonizó este martes una situación insólita durante el pleno de la corporación: tras solicitar el uso de la palabra reclamó para su departamento la realización de una auditoría de gestión sobre el funcionamiento de los distintos servicios del municipio, cuyo coste los grupos municipales habían estimado en 50.000 euros. “Los 50.000 euros los aprovecharé bastante bien”, dijo Julio Prinetti, que afirmó que la fiscalización externa debe realizarse en sintonía con el Tribunal de Cuentas. El propio alcalde, Narciso de Foxá, indicó que esa fiscalización “no se hará nunca” porque tal y como estaba redactada por los cuatro grupos firmantes de la Oposición –Ciudadanos, PSOE, Somos e IU– no era viable. Los grupos opositores retiraron entonces la propuesta, que quedó encima de la mesa hasta el próximo pleno de mayo. Lo cierto es que numerosos ayuntamientos están realizando estas auditorías e incluso una firma de Majadahonda, BRS Auditores, ha ganado algunos de estos concursos y se ha presentado a otros, como en la vecina Las Rozas. Sin embargo, fue la propia Oposición la que se autoinmoló retirando una propuesta que a priori parecía ganada numéricamente, lo que el Grupo Popular aprovechó por medio del concejal Angel Alonso: “No sé por qué firman una moción en la que no están de acuerdo”. Y en efecto, la retiraron.
El debate comenzó de forma extraña, ya que el PP quiso sumarse a la mayoría reclamando tan solo que en la moción se sustituyese una “mesa política” por “político-social” que evaluase los resultados de la auditoría. Tanto Patricio Mackey (Somos) como Zacarías Martínez Maíllo (PSOE) se negaron, lo que causó el enfado de Narciso de Foxá, que no pudo reprimir sus aspavientos. Pero el guión cambió inesperadamente. Los portavoces de la Oposición tomaron la palabra y entonces evidenciaron serias discrepancias en torno al asunto. Mientras Mackey defendía la auditoría como “compromiso electoral” que arrojaría “más luz al Ayuntamiento”, defendió que fuera “externa, aunque no sea privada, porque puede hacerla una Universidad” y analizada después por la citada “mesa político-social”, con posibilidad de preguntas y participación ciudadana además de control trimestral, se las prometía muy felices: “se auditará el estado de los servicios, su coste y eficacia”, sentenció Mackey, “y empezaremos por el contrato de limpieza de Valoriza”, además de “analizar las inversiones” y contrastar la aplicación de la Ley de Transparencia en el Ayuntamiento. Con ello, se publicaría en la web municipal “el presupuesto, liquidación y grado de ejecución” de cada obra al igual que hace Torrelodones, donde gobierna una lista ciudadana de carácter liberal e independiente.
La participación ciudadana en la valoración de la auditoría también fue defendida por Zacarías Martínez Maíllo (PSOE) ya que “no hace daño que la mesa sea también social, con participación de los movimientos asociativos”. Pero eso sí, “tenemos confianza cero en las auditorías externas” y esgrimió los casos de Enron, Lehman Brothers y Bankia como auditorías privadas adulteradas, por lo que deben hacerla “los organismos públicos, como el Tribunal de Cuentas, a los que se les supone su independiencia”. La afirmación desató la caja de los truenos… entre la propia Oposición: Antonio Rodríguez (Ciudadanos) advirtió que “no se revisarán los contratos, que ya lo hace la Mesa de Contratación, sino los ingresos y gastos”, al tiempo que subrayaba que “nosotros sí confiamos en las auditorías externas”. Mercedes Pedreira también defendió la inspección del Tribunal de Cuentas “aunque alguna vez haya hecho alguna cosa” y anunció su abstención porque la evaluación de la auditoría debía ser política “por parte de los 25 concejales” y no social. Aunque eso sí: “que se publique, con transparencia y que se haga un reglamento de participación ciudadana”.
“Todos los datos están ya en la Cuenta General del Ayuntamiento, que se debate en un pleno y cuyo acceso es público”, dijo Angel Alonso (PP), que recordó que el último informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid “refleja que la gestión es acertada, aunque a ustedes no les gusta”. También defendió el papel del interventor como fiscalizador de la gestión y alegó que si entraban asociaciones vecinales a fiscalizar los números “sería poco operativo y los debates se eternizarían”. El retraso también fue alegado por el socialista Zacarías Martínez Maíllo, que admitió que el Tribunal de Cuentas “tarda 8 años” en auditar a un Ayuntamiento, por lo que tras tomar la palabra el interventor, Julio Prinetti, se pasó a votar si se dejaba el asunto “encima de la mesa”. Y con 21 votos a favor y 4 votos en contra (Somos e IU) ahí se quedó.
