“Majadahonda se suma así a otros grandes municipios de la región como Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes o Valdemoro que han aprobado declaraciones en contra de la privatización del agua en la región e instando al Gobierno Regional a revertir esta situación”. Así comienza la nota de prensa de IU Majadahonda, en la que denuncia que “la empresa  está llevando a cabo una política de cortes de agua a ciudadanos que no disponen de recursos económicos, incumpliendo los tratados internacionales suscritos por el Estado español e ignorando que el derecho al agua es un derecho humano que las administraciones tienen que respetar en el caso de impagos justificados. Así ha sido establecido por la ONU y por el Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales, debiendo primar el derecho asequible al mismo sobre cualquier otra consideración, en este caso sobre la rentabilidad económica”.

“En el año 2012, el gobierno de la Comunidad de Madrid creó la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión como instrumento para su futura privatización. Desde entonces ha funcionado como una empresa privada, preocupada exclusivamente por ampliar beneficios y desatendiendo el interés de los ciudadanos madrileños y el de los ayuntamientos que los representan. Con el objetivo de maximizar los beneficios, Canal Gestión está realizando una política de reducción de costes e inversiones olvidándose de actuaciones en materia de medio ambiente que está obligada a llevar en aplicación de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea relativa a la calidad de las aguas. Esta política puede poner en peligro la estabilidad y la sostenibilidad del propio servicio público”, recuerda la nota.

“Con los votos favorables de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y los votos en contra del PP, se ha aprobado la moción presentada por Izquierda Unida y Somos Majadahonda, recogiendo las propuestas de la Plataforma contra la privatización del CYII, para instar a la Comunidad de Madrid a eliminar la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, asumir una gestión cien por cien pública, hacer efectivo el derecho humano al agua en los términos establecidos por la ONU y garantizar a los ciudadanos por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid el acceso a una dotación mínima sin que puedan cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados social y económicamente”, concluye el comunicado.