SONIA BLUE. La ciudad de Majadahonda (Madrid) vivió este jueves 22 de noviembre de 2018 un episodio inusual por infrecuente. La Guardia Civil en colaboración con la Policía Municipal logró desalojar y detener por tráfico de drogas a una pareja que vivía de «okupa» en la céntrica Travesía de San Pedro, número 5. Tanto hasta la Alcaldía como a la Concejalía de Seguridad que dirige ahora la edil Fátima Núñez en sustitución de Manuel Ortiz habían llegado numerosas quejas y denuncias vecinales, algunas de ellas incluso de forma pública en las redes sociales, para que las autoridades y sus representantes pusieran freno a esta situación, algo que finalmente se produjo esta misma semana. Y no fue fácil, según fuentes policiales: se contactó primero con el Juzgado de Majadahonda para que ordenase el precinto de los accesos a este domicilio y se entabló otro contacto con el banco propietario del inmueble, quien se comprometió a enviar de forma rápida un cerrajero que colocase cerraduras nuevas para evitar nuevos accesos ilegales. La intervención la realizaron finalmente varios agentes de la Guardia Civil que estuvieron apoyados en todo momento por una unidad de la Policía Local de Majadahonda, que ya había realizado previamente un informe enumerando las decenas de intervenciones que este servicio de seguridad municipal había realizado en el inmueble.


 Toda esa documentación, junto con los expedientes de infracción, sirvió para que el Juzgado autorizase esta intervención y los dos presuntos delincuentes quedasen momentáneamente desarticulados. Esta vez la colaboración ciudadana, la diligencia judicial y la eficacia policial funcionó y aunque fuera referida solo al «menudeo» de drogas, puso punto final al infierno que vivían los vecinos. Y es que este tipo de delitos causa enorme alarma social dada la impunidad en la que se desarrollan y el deterioro de la convivencia que provocan en el vecindario, así como el ejemplo que se proyecta a los menores que lo presencian, además de los evidentes daños a la salud.

EDITORIAL. El tráfico de drogas, a nivel global, sigue siendo una lacra, y las sociedades contemporáneas del siglo XXI no han logrado acabar con el mismo tras décadas y millones de euros invertidos en su persecución durante todo el siglo XX. No es un problema que haya nacido ahora y vaya a acabar mañana: el surgimiento de la venta y consumo de alcohol a mayores de edad o la prostitución ejercida de manera libre y sin coacciones por mujeres u hombres sustrayéndose de las mafias que rodean estos negocios que se aprovechan precisamente de su ilegalidad, fueron actividades igualmente perseguidas. Pero esa primera necesaria y sostenida acción policial y judicial, dada la ineficacia de su erradicación y el alto coste que suponía la persecución de la misma, llevó a un giro copernicano en la adopción de nuevas estrategias de control. Países como Holanda han probado otros métodos y en Estados Unidos algunos gobernadores ensayan igualmente fórmulas que pasan por la administración de estas sustancias, en el caso de las drogas, por parte de la industria farmacéutica o incluso hostelera, con un máximo control sanitario, fiscalidad alta y regulación estricta en zonas alejadas de perímetros urbanos o infantiles. El éxito de la operación policial llevada a cabo en Majadahonda, acción que merece el aplauso de la comunidad y que no debe nunca abandonarse pese a la sensación de hastío, reiteración o inutilidad, debería servir para el debate sosegado, una vez más y aunque suene esteril, sobre esta cuestión que no debe ser heredada de abuelos a hijos y hasta nietos, de generación en generación, por la ineficacia humana en su gestión.

Majadahonda Magazin