“Entre sus clientes figura además Marcenado Economistas (uno de los dos socios era Ricardo Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001)”. Todo eso lo destapó la ex socia de Martínez Pujalte, Ana Torme, en un escrito ante la Fiscalía en Valladolid que también sospechaba de ella y que permanece investigada en el juzgado de Madrid que se hizo cargo del caso. Sobre Marcenado Economistas, Torme apuntó entonces que el administrador de Marcenado Economistas es Juan Antonio Mora, «que también lo es de Ecogesma SL y consejero de Paeco Gestión» y que aparece en el caso Unión (Operación Jamble). La primera, vinculada a la destrucción de documentos Gürtel y la segunda, a una trama de adjudicaciones irregulares por ayuntamientos. Todas estas empresas serán rastreadas ahora por Anticorrupción para confirmar o descartar la existencia de una trama de corrupción política que, según apuntan fuentes conocedoras de la investigación, actuaría de manera similar a Gürtel o Púnica”. La periodista Laura Cornejo de Eldiario.es revela que la Fiscalía Anticorrupción está tras los pasos del ex diputado Pujalte (PP) e investiga sus relaciones con Romero de Tejada.

“El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte está cercado por la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado madrileño que se hizo cargo de su caso tras la inhibición de un juez de Valladolid, donde arrancó la investigación, ha remitido las facturas de las consultoras Karistia S.L y Scardovi S.L, propiedad de Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna respectivamente, a la Audiencia Nacional, que investiga a los dos últimos, y las ha remitido a su vez a la Fiscalía Anticorrupción, como ha adelantado la Cadena Ser. La remisión de estas facturas era una solicitud incluida en el informe de la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó a Martínez Pujalte después de que en la documentación de la llamada «trama eólica» apareciesen pagos de 5.000 euros trimestrales de una constructora vallisoletana beneficiada por la adjudicación de parques eólicos, Collosa, al diputado murciano”, señala la periodista.

«Martínez Pujalte cobró a sus compañeros  De Arístegui y Gómez de la Serna, ambos investigados en otra supuesta trama de comisiones ilegales, por el «asesoramiento en prospectiva económica de mercados internacionales». Los albaranes muestran cómo Martínez Pujalte, también diputado en esa época (abril, mayo y junio de 2011), facturó a su sociedad de asesoría Sirga XXI Consultores trabajos que supuestamente realizó para las dos empresas de sus compañeros. Para hacerlo utilizó los mismos conceptos en ambos casos, y también el mismo precio, 4.500 euros por trimestre. Así, la consultora del diputado murciano obtuvo de sus compañeros un total de 46.020 euros en 2011 (23.010 de cada una de las mercantiles).

«Las tres firmas se dedicaban a la consultoría estratégica  y fueron creadas en 2008. Pero además Gómez de la Serna, administrador de Karistia, y Gustavo de Arístegui, administrador de Scardovi, habían creado la marca Voltar Larssen para cobrar comisiones millonarias por conseguir contratos en el exterior para empresas. Al menos así lo considera la Audiencia Nacional, que les investiga desde enero. La simulación de trabajos es manifiesta ya que tal y como comprobó la Fiscalía de Valladolid uno de esos informes titulado “La influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana”, es exactamente el mismo que el que presenta para justificar su asesoría a otra consultora también vinculada al PP, Marcenado Economistas, en el que sólo cambia la comunidad autónoma a la que se refiere».

«El hecho de que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata haya remitido esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción, avanza la sospecha de la existencia de una trama para el cobro de comisiones, porque Anticorrupción no se ocuparía de un delito aislado de estafa. Martínez Pujalte subcontrató a Miguel Marín Cozar (director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente José María Aznar, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004)». Ana Torme también citaba a la empresa Transport Systems SA, cuyo administrador, José Gonzalo Gil de Acosta aparece en el conocido como caso Unión, una supuesta red de comisiones ilegales en Arrecife (Las Palmas) procedentes de la supuesta manipulación de planes urbanísticos. y Mind Selection, cuyo administrador es el exdiputado Alejandro Ballestero, también del PP, pero que antes gestionaba Ana María Córdoba,» también del PP e imputada en el caso Poniente (El Ejido)», concluye el reportaje.

Fuente: Eldiario.es