JOSÉ Mª ROJAS CABAÑEROS. “La única certidumbre es la incertidumbre de la actual situación” (Felipe González Márquez, 11 de junio de 2020, en “Nueva Economía Fórum”). Una queja continua de los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo es la dificultad, por las trabas y retrasos de la burocracia española -especialmente inflados por la excesiva burbuja política-, para que los fondos de ayuda de la Unión Europea lleguen en tiempo y forma a los directos beneficiarios. Ese problema no tiene visos de solución, sino que empeora cada vez más y enlaza con mi anterior columna en la que comentaba el concepto de “la banalidad del mal” propuesto por Hannah Arendt. Si algo se puede aprender de la crisis de la Covid-19 es la necesidad de una “nueva política”, sin tantos discursos vacíos, centrada en solucionar problemas de la ciudadanía, con decisiones racionales y técnicas para lo que es imprescindible superar los cuellos de botella burocráticos y ser eficaces sin mentir. Expondré tres ejemplos (local, autonómico y nacional) donde esta situación es paradigmática.

Hace unos días este medio se hacía eco del debate interno, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda, sobre si hacer test o no a toda la población de este municipio: “lo estamos estudiando” era su declaración, lo cual debe ser todo un espectáculo. Esa expresión sin embargo es un mero eufemismo que se traduce por “no tenemos ni idea del tema y esperamos órdenes de nuestros mayores”. Ya expliqué, en una de las primeras columnas (“Tests, Tests y Tests”), la importancia de esas pruebas y cuáles eran las adecuadas en la vuelta a la “normalidad” conforme a los criterios de la OMS. Desgraciadamente este tema se ha politizado, desde el momento en que el Ministerio de Sanidad lo desaconsejó de forma generalista y de hecho Función Pública lo ha prohibido para todos los funcionarios de la Administración del Estado. Algunos “compañeros de viaje” han aducido razones “científicas” para semejante dislate, curiosamente los mismos que criticaban el uso de las mascarillas al inicio de la pandemia y ahora refuerzan que sean obligatorias. El motivo probablemente sea económico, aunque se podrían abaratar costes si se recurrieran a todos los equipos de PCR de Universidades y Centros de Investigación y se flexibilizaran los criterios respecto a su uso “como encuesta y no diagnóstico”, quedando los casos positivos pendientes de confirmación por métodos homologados para diagnóstico clínico.

Tal vez, se podría recurrir a la inyección económica de las ayudas (no préstamos) del programa MEDES de la Unión Europea (25.000 millones nos corresponderían para temas sanitarios), pero el gobierno de España no lo solicita probablemente para salvar la imagen ante los agentes compradores de deuda, algo que Luis Garicano ya ha criticado y sobre lo que volveré en otro momento. Nuestro Ayuntamiento lo sigue estudiando, y mientras tanto les quedan los deberes de las 18 viviendas vacías sin adjudicar de la empresa municipal de la vivienda PAMMASA, pues la desidia burocrática del actual equipo de gobierno ha llevado a que aún no se elabore el listado de personas con necesidad habitacional urgente: tal vez lo están estudiando.

Mientras, en la Comunidad de Madrid las aguas van muy revueltas por el cruce de acusaciones entre la Consejería de Asuntos Sociales (Cs) y la de Sanidad (PP), sobre las responsabilidades respecto a los fallecidos en las residencias de mayores por la Covid-19. Por si éramos pocos, apareció el pirómano del vicepresidente del Gobierno (señor Iglesias) acusando de asesinos a todos los implicados, sin reparar que el mando único en temas sociales le correspondía a su gestión durante el Estado de Alarma. Afortunadamente ha tenido que ser la ministra de Defensa (Margarita Robles) quien aportó algo de cordura ética, condenando la indignidad de echarse los muertos a la cara. En mi opinión hay responsabilidades compartidas, por acción u omisión, de diferentes cargos políticos y supongo que todos acabarán ante los tribunales de justicia.

Finalmente está el Gobierno de España. Uno se puede equivocar, pues esta crisis ha demostrado la fragilidad de nuestro estado del bienestar, pero por favor no infantilicen a la ciudadanía. Ya comenté, el asunto de las mascarillas y tests (otro día hablaré del retraso y desajuste de los ERTES), ahora quiero entrar en los datos de mortalidad. No podemos continuar impasibles ante el desajuste de las cifras oficiales de fallecidos por la Covid-19 aportados por el Ministerio Sanidad (27.136 a día de hoy), frente a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) muy superiores a esa cifra. He hecho el siguiente análisis de la documentación del INE: desde la semana 10 a la 21 de 2020, ambas incluidas, es decir desde el 1 de marzo al 24 de mayo de este año fallecieron en España 143.223 personas, mientras que en el mismo periodo de los 4 años anteriores los fallecidos fueron 95.099 (en 2019), 97.897 (en 2018), 92.972 (en 2017) y 94.855 (en 2016). Es decir, sólo en ese periodo de 2020 se han incrementado en 48.017 las defunciones sobre la media de los anteriores cuatro años; todo ello cuando había menos problemas de salud por contaminación ambiental y un notorio descenso de accidentes de tráfico de cualquier tipo. Dice el filósofo Javier Gomá Lanzón (en su libro «Ejemplaridad Pública«): “sólo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuoso, generador de costumbres cívicas, es capaz de promover la auténtica emancipación del ciudadano”. Tal vez llega el momento de acabar con la inanidad burocrática y reclamar el derecho a saber la verdad y a ser tratados como adultos.