LIDIA GARCIA. La magistrada del Juzgado nº 4 de Majadahonda ha decidido el sobreseimiento y archivo de la causa contra el nuevo consejero delegado de Metro de Madrid y ex alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, al no encontrar delito medioambiental ni urbanístico en la concesión o demora de licencia para el hospital Puerta de Hierro, según consta en el auto al que tuvo acceso MJD Magazin y que fue notificado a los procuradores esta misma semana, aunque posee fecha de 14 de junio de 2019. En esta causa, la juez también consideraba como investigados hasta finalizar la investigación a seis concejales del PP: Javier Caballero López, Pablo García González, Juan Carlos Pérez González, Juan Lantero, Carmen Menéndez y África Sánchez Marín. La denuncia fue presentada por el Ministerio Fiscal que consideraba que el regidor tenía la responsabilidad de haber multado a la empresa concesionaria del centro por irregularidades ya que el Puerta de Hierro «no tuvo licencias desde 2008 hasta 2015» y «estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos y nunca realizó muestras de aguas residuales». La magistrada, sin embargo, aunque certifica que los hechos que relataba el fiscal eran ciertos, no considera que haya delito penal de prevaricación porque las licencias solo se otorgaron «fuera de plazo» (tardaron 7 años) y no hubo interés «particular» en Foxá y/o los 6 concejales en demorar u otorgar la licencia, pues el hospital tiene «beneficio y utilidad» para todos sus usuarios. Tampoco hubo delito medioambiental porque nunca hubo «superación de los valores máximos de contaminación sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento«, por lo que el vertido se debe considerar «conforme a todos los efectos».

Tampoco hubo ni hay «riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas», por lo que «no concurre una conducta que pueda perjudicar gravemente los medios naturales, y menos en forma dolosa«. Por último, tampoco existe «prevaricación medioambiental» porque «de la documentación examinada se desprende que no falta ninguna licencia necesaria y estas se ajustan a la legalidad vigente, no habiéndose autorizado actividades ilícitas o manifiestamente ilegales por autorizar empresas o instalaciones contaminantes». Según la agencia Efe, existe un tercer expediente pero que ya no afecta al Ayuntamiento de Majadahonda: se trata del que reclama la Comunidad de Madrid por valor de 20 millones de euros a la empresa concesionaria por la existencia de 135 camas que no se encuentran en el centro, aunque de este ultimo caso nada se sabe.