María Isabel Serrano, la juez encargada de instruir el caso Vitaldent, considera que no es competente para seguir con este y lo ha enviado a la Audiencia Nacional. Según informa la periodista Ángela Martialay en el diario Vozpópuli, la instructora del caso tomó esta decisión después de enviar a prisión el pasado mes de febrero al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, B. C. y a los colaboradores N. S. y J. A., de forma incondicional. A estos se les atribuyen diversas actividades delictivas como fraude fiscal, delito continuado de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa y apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal. El volumen que está tomando este caso es otra de las causas que llevan a la juez a adoptar esta decisión según fuentes judiciales a Vozpópuli.
Ernesto Colman
«La juez que instruye el denominado ‘caso Vitaldent’ entiende que ya no es competente para hacerlo. Según avanzan fuentes de la investigación a Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, instructora de la operación Topolino, se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para que sea este tribunal especial el que investigue a partir de ahora a la cúpula de Vitaldent», detalla el diario. La instructora ha adoptado esta decisión después de enviar el pasado mes de febrero al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, B. C. y a los colaboradores N. S. y J. A. a prisión de forma incondicional. La juez Serrano les atribuyó los delitos de fraude fiscal, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal por haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Hacienda Estatal.
«Precisamente, la dimensión que ha adquirido la instrucción del caso –donde se empezó investigando un delito contra la Hacienda Pública y se ha acabado encarcelando a los dirigentes de Vitaldent por siete delitos, entre ellos organización criminal- ha llevado a la juez a adoptar esta decisión, según informan fuentes jurídicas. «Se da la circunstancia, además, de que las defensas de los principales imputados en esta causa de corrupción han sido muy críticos con la instrucción llevada a cabo por la juez. La principal razón es que los abogados de Colman, C., S. y A. –los considerados cabecillas de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial de las clínicas dentales que fue diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública- no entendieron como el pasado 17 de febrero la juez decretó prisión incondicional para ellos si un mes antes había archivado la causa al no apreciar indicios de delito».
«La magistrada de Majadahonda dio carpetazo a la investigación en enero tras recibir un informe de la Agencia Tributaria donde se aseguraba que no se podía cuantificar el delito contra la Hacienda Pública cometido por el empresario uruguayo Ernesto Colman y al entender que tras los ‘pinchazos’ telefónicos realizados por la Policía no se escondían indicios claros de criminalidad contra los cabecillas de la trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción recurrió esta decisión y la propia juez en reforma se corrigió y reabrió el caso». «Sin embargo, este episodio procesal no ha pasado inadvertido para las defensas. No en vano, en el recurso donde Ernesto Colman solicitaba a la Audiencia de Madrid que revocase la prisión sin fianza se criticaba que «en el mes de enero pueda afirmarse ‘A’ (de las conversaciones telefónicas no se revelan indicios relevantes de criminalidad) y en febrero se afirme ‘no A’ (las conversaciones telefónicas arrojan indicios suficientes), habiendo transcurrido menos de un mes entre ambos pronunciamientos y sin que se haya recogido un solo argumento que intente justificar tal contradicción». «Repugna a la lógica», añadía el letrado del dueño del imperio Vitaldent. El siguiente paso es que la Audiencia Nacional decida si asume ahora dicha investigación o si, por el contrario, devuelve la misma a la instructora de la localidad madrileña de Majadahonda», concluye la información de Vozpópuli.
