MARIANA BENITO. «Hay una familia más que ha presentado otra querella que sido derivada a los juzgados de Majadahonda porque tiene que ver con la residencia Riosalud en Las Rozas. Ahora mismo hay dos juzgados de instrucción que han citado a declarar a cargos políticos que estuvieron en la primera etapa de la pandemia de covid y que tuvieron alguna relación con la gestión de las residencias. En marzo el juzgado de instrucción número 9 de Plaza de Castilla citó a declarar como testigos al ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y al ex director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, que no ha acudido al juzgado porque no le han podido localizar pese a que han pasado 3 meses de la vez anterior. Y este jueves 15 de junio (2023), ha sido el juzgado de instrucción número 4 del juez Marcelino Sexmero, el que había citado a ambos de nuevo por la querella presentada por 7 familias». Así comienza la crónica de Elena Jiménez, periodista de la Cadena SER emitida este 16 de junio. Y prosigue con una ausencia. 

«Reyero ha explicado a los medios de comunicación que el juez se ha centrado en preguntar por el caso de las dos residencias a las que corresponden las querellas de las familias, el centro público Adolfo Suárez y la privada con plazas concertadas Amavir Arganzuela. Sobre las consecuencias que tuvieron los protocolos en esos dos centros, el ex consejero ha dicho que «el 90% de las personas que fallecieron durante los meses de marzo y abril lo hicieron en la propia residencia y solo el 10% murieron en el hospital. En una situación normal, el 80% fallecen en los hospitales y el 20% en las residencias». También ha declarado por primera vez la que fue directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que le ha explicado al juez que recibió en su correo electrónico uno de los protocolos y esta vez la Fiscalía sí ha estado en los interrogatorios», añade.

«Fuera, las familias convocadas por la «Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias» (PLADIGMARE) y por «Marea de Residencias» han pedido justicia y han aplaudido a su llegada a Alberto Reyero, que ha conversado con algunas de ellas. En la protesta han desplegado dos pancartas en las que se podía leer «Fueron abandonadas a su suerte. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del covid 19 en las residencias» y «7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria. ¡Marea de Residencias exige justicia». El presidente de PLADIGMARE, Miguel Vázquez, ha pedido que se investigue a fondo la actuación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque, según ese portavoz, los protocolos se establecieron «no pensando en la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid, sino con criterios absolutamente políticos», prosigue el artículo. Y concluye: «Las familias querellantes. Puri Prieto perdió a su padre el 2 de abril de 2020 en la residencia Adolfo Suárez y es una de las querellantes. «Necesitaba ir al hospital y la doctora dijo que tenían un protocolo y que no se podían derivar. Que el protocolo que les había llegado de la Comunidad de Madrid impedía que cualquier residente mayor de 80 años y con la patología que fuera se pudiera trasladar al hospital». Ángela Arreba perdió a su madre el 8 de abril en la residencia Amavir Arganzuela y es otra de las querellantes. «El día 30 de marzo tuvo una recaída. Si en ese momento la hubieran derivado, no sé si se hubiera salvado o no pero hubiéramos abierto una posibilidad. Ya fue empeorando a partir de esa fecha hasta que murió el día 8». En total son 7 familias, 6 de la residencia Adolfo Suárez y 1 de Amavir Arganzuela las que han presentado la querella que se está instruyendo ahora en los juzgados de Plaza de Castilla. Hay una familia más que ha presentado otra querella que sido derivada a los juzgados de Majadahonda porque tiene que ver con la residencia Riosalud en Las Rozas«, finaliza.