EUROPA PRESS. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado este jueves 6 de octubre (2022) un oficio a los fiscales superiores (regionales) donde les pide que en un mes le remitan información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas por las muertes causadas por el coronavirus en residencias de mayores, al tiempo que da instrucciones precisas para que los familiares, a los que considera «víctimas indirectas» sean «oídos e informados» en todo momento. Por su parte, la web Confilegal añade que la Fiscalía ha distribuido un modelo de acta que «dará cumplimiento, además, al principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todas las fiscalías de Madrid, en la Fiscalía Provincial y en sus tres Secciones Territoriales (Alcobendas, Villalba-El Escorial y Majadahonda-Pozuelo) y en las tres Fiscalías de Área (Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada) desde la publicación de esta Instrucción».

El oficio, firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, tiene como objeto la «dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia del coronavirus», unos datos que les emplaza a enviar en 30 días y que deberán actualizarse trimestralmente. En concreto, pide a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público entre el 1 de enero y el pasado día 30. Solicita a su vez el número de procedimientos judiciales.

El fiscal Villafañe explica que, aunque desde los primeros días de la pandemia de coronavirus «se fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad, se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad. Es preciso, por tanto, adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la covid«, apunta el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press.

«QUE LOS FAMILIARES, VÍCTIMAS INDIRECTAS, SEAN OÍDOS». Asimismo, Villafañe insta a los fiscales superiores a dar «las instrucciones u órdenes de servicios que correspondan tendentes a garantizar que los familiares, víctimas indirectas, sean oídos» en el marco de estos procedimientos. Les pide que sean escuchados durante las investigaciones en sede fiscal y que cuando pasen a la fase judicial el Ministerio Público plantee que declaren, «velando por su derecho a ser informados«, así como que, en todo caso, los fiscales acudan a dichas declaraciones y a las de los imputados y testigos que «resulten de relevancia». A este respecto, recuerda que «resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal. Para ello, se ha de velar por que sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos», indica.

7.000 MUERTOS EN MADRID. Por su parte, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha dictado una instrucción para que los fiscales retomen “sin demora” las visitas presenciales a las residencias. Y es que, durante la pandemia se suspendieron para garantizar la salud de los trabajadores y residentes. «La orden de la Fiscalía llega un día después de que Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, rechazara apoyar la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los más de 7.000 fallecidos en residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia: «Las familias ya lo han superado» manifestó Ossorio. Para ello, las jefaturas de las distintas áreas de la Comunidad de Madrid dispondrán de las órdenes “oportunas” para garantizar las visitas de forma presencial de los fiscales encargados. Según la instrucción, si se detectan irregularidades, se trasladarán en el menor tiempo posible a la autoridad administrativa. Para ello, se tendrá que remitir una copia del escrito dirigido a la Comunidad y del acta de la visita a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que asumirá las labores de coordinación de todas las fiscalías madrileñas en esta materia”, concluye Confilegal.