JORGE RUBIO. Los impuestos y su aplicación fueron uno de los principales temas tratados en la última sesión del pleno del Ayuntamiento celebrado este martes en Majadahonda. El tributo de la plusvalía protagonizó dos mociones motivadas por las primeras sentencias favorables a los vecinos de la ciudad que obligan al consistorio a devolver los tributos cobrados injustamente. Mercedes Pedreira (Centristas) y Patricio Mackey (Somos) fueron los encargados de presentar las correspondientes iniciativas. La edil centrista centró su intervención en la necesidad de que se elaborase un «informe de la Secretaría General del Ayuntamiento a la luz de las resoluciones del Tribunal Constitucional y los tribunales de Madrid» para que las ordenanzas municipales «se ajusten a la legalidad». Por su parte, la moción de Somos se fijaba en la posibilidad de paralizar el cobro de la plusvalía cuando no se hubiese producido un incremento del valor de los bienes gravados por ella. Ambas fueron aprobadas con un amplio consenso, aunque también hubo lugar para los encontronazos dialécticos entre Grupos Municipales. Así fue el debate de estas mociones:
«Estamos de acuerdo en que se elabore un informe de Secretaría para que se garantice la seguridad jurídica», señaló Juancho Santana (IU), pues aceptó que era «prudente moverse para evitar conflictos si todas las sentencias se iban produciendo en contra de las entidades públicas«. Alfonso Reina (Cs) incidió en que su grupo presentó una moción en marzo de cara a anticiparse a este problema y lamentó que ahora sería necesario «contratar a una gestora» para devolver una «burbuja» de «8 o 9 millones de euros» en solicitudes de los contribuyentes. Zacarías Martínez-Maíllo (PSOE) advirtió que de paralizarse este impuesto «se recaudaría menos dinero, aunque de manera más justa» y que se podía estar contribuyendo a «recortar más» a los vecinos. Reina señaló que «no se trata de recaudar más o menos» sino de «cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional» al tiempo que incidía en que «no se robase a los vecinos» con este impuesto.
Por parte del Equipo de Gobierno intervino Ángel Alonso (PP), que señaló que ya había «un informe sobre el que se ha pronunciado en conformidad la tesorera y el interventor» certificando la legalidad de la ordenanza municipal sobre este impuesto. Alonso advirtió que esta era la «típica moción que presenta Mercedes Predreira cuando no se fía del trabajo de un empleado del Ayuntamiento». En cuanto a la moción de Somos, el concejal de Hacienda señaló que no aplicar el impuesto sería una «dejación de funciones que no se podían permitir y menos cuando se aplica con discrecionalidad». El edil popular añadió que era «muy fácil apartar ortigas con las manos del vecino» y por ello propuso que fuesen los portavoces del resto de Grupos Municipales los que «encabezasen una delegación especial» donde fuesen ellos los que «asumiesen la responsabilidad e incumplan la ley«.
«¡Ay dios mío señor Alonso, siempre con lo mismo para ver si me mete el dedo en el ojo con los funcionarios!«, exclamó Mercedes Pedreira tras las palabras del edil popular. La centrista cerró su intervención señalando que su moción lo único que perseguía era que «los vecinos de Majadahonda tengan la seguridad jurídica aportada por la Secretaria». Finalmente la propuesta de Centristas fue aprobada por unanimidad con 25 votos a favor. Por su parte, Patricio Mackey (Somos) aprovechó su turno de réplica para remarcar que en Zaragoza «ya se estaba haciendo» una iniciativa similar y que a su juicio le parecía «prudente que se ponga la suspensión sobre la mesa hasta que se resuelva» este asunto. La moción salió adelante con 14 votos a favor (Ciudadanos, PSOE, Somos, IU y Centristas) y 11 en contra (PP).
También sobre impuestos versó otra moción presentada por Juancho Santana en el pleno referente a establecimiento de un nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de carácter social para los propietarios con menores ingresos. «Es una alternativa para que se establezca una línea de ayudas directas para las familias con menos recursos«, alegó el edil de Izquierda Unida en su presentación. También pidió que estas ayudas se publicitasen «en nuestros medios», aludiendo a los del Ayuntamiento. Mercedes Pedreira (Centrista) advirtió que se iba a abstener y que la moción debería tener en cuenta el «patrimonio y no solo los inmuebles» porque «hay familias numerosas en mejor situación que otras con dos hijos». Martínez-Maíllo (PSOE) señaló que esta vía de ayudas es la única que tenían para bonificar a «familias no numerosas» y Ana Elliot (Cs) sostuvo que su compromiso era «proteger a los ciudadanos más desfavorecidos» y que «en Majadahonda había familias que lo están pasando mal».
Por último, Ángel Alonso (PP) señaló que pese a «la perseverancia de Santana» tenían que ser «perseverantes en rechazarla ya que era contraria a derecho» y un «brindis al sol» ya que su aplicación era inviable por ser «contraria a derecho». En esta tesis se mantuvo también el propio alcalde, Narciso de Foxá, que también advirtió que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo habían sentenciado que estas ayudas suponían un «fraude de ley» porque «disfrazaban bonificaciones como subvenciones». Juancho Santana recordó que Rivas VaciaMadrid y la capital, gobernadas por Podemos e IU, aplicaban ya estos descuentos, a lo que el alcalde insistió en su irregularidad: «es ilegal», al tiempo que acusaba a la Oposición de votar algo «sin importarle» la irregularidad confiados en que «luego ya veremos» por lo que concluyó: «no voy a votar una moción que sea ilegal». Pese a todo, la moción salió adelante con 13 votos a favor (Cs, PSOE, Somos e IU), 11 en contra (PP) y 1 abstención (Centristas).
Comunicado (Centristas): «Aprobada por unanimidad la moción de Centristas sobre la plusvalía. El pasado pleno aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre la Plusvalía. Dicha moción pedía que “por el pleno municipal y con carácter de urgencia, se solicite un informe de la Secretaria General del Ayuntamiento sobre la corrección del texto propuesto para la Ordenanza Fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional y las posteriores de los Juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.” “Con ocasión del debate previo a la aprobación inicial por el pleno de las Ordenanzas Fiscales,” continuaba explicando la portavoz, “se suscitaron una serie de dudas en relación con la situación jurídica del “impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalía)”, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 y las posteriores Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y del propio TSJ de Madrid.” Pedreira, terminó diciendo que consideraba que “antes de la aprobación definitiva de la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal, deberá contarse con un informe de la Secretaria General respecto a la corrección del texto propuesto y aprobado inicialmente, a fin de extremar la seguridad jurídica de un tema que puede originar multitud de reclamaciones y recursos y generar obligaciones económicas para el Ayuntamiento de muy elevado importe.”
