AGENCIA EFE. El juez que instruye el caso Púnica ha rechazado nuevamente imputar al PP como persona jurídica, como pedía la acusación que ejerce Izquierda Unida, aunque ha aceptado prorrogar las pesquisas 3 meses más al constatar que aún quedan diligencias pendientes. El magistrado Manuel García Castellón ha dictado un auto en el que prorroga la instrucción de la pieza 9 del caso, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el próximo 29 de enero (2022) y acuerda una serie de declaraciones solicitadas tanto por la Fiscalía como por algún investigado. Al margen de esas, el juez desestima «la práctica de las demás diligencias interesadas, al no apreciarse la utilidad y necesidad de las mismas», entre las que se encuentra la imputación del PP como persona jurídica que solicitó hace unos días Izquierda Unida, explican a Efe fuentes jurídicas. La formación, que ya hizo esta reclamación en 2017, 2018 y 2019, subrayaba en su escrito «los numerosos indicios de financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid» y consideraba que está más que justificada la imputación del PP por las decisiones tomadas por varios de sus principales dirigentes en la Comunidad de Madrid que se encuentran investigados como quien fuese secretario general, Ignacio González; o presidenta, Esperanza Aguirre. Aunque el juez afirma en su auto que está cerca el fin de la investigación de esta pieza, también deja constancia de la necesidad de «un último y definitivo esfuerzo instructor» y señala que, como dijo la Fiscalía, todavía quedan diligencias por practicar. También quedan recursos por resolver, como el que se encuentra aún en la Sala de lo Penal acerca de la formación de una nueva pieza separada a raíz de unas facturas que proporcionó el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, condenado por Gürtel; y también debe unirse aún documentación de otro caso de corrupción que se investiga en el mismo juzgado, el «caso Lezo«. En su auto, el juez acuerda las declaraciones de varios testigos y de una ex directiva de la Agencia Informática de la Comunidad (ICM), en su caso en condición de investigada.

EL 10 DE NOVIEMBRE EMPIEZA EL JUICIO DEL «ALBONDIGUILLA» DE BOADILLA: CORREA QUIERE «CANTAR» TAMBIEN SOBRE MAJADAHONDA. Por otra parte, la condena como responsable civil subsidiario para el PP por la reforma en ‘negro’ de su sede se sumará a otras sentencias en poco tiempo, según adelanta el diario «Público«. El juicio por la segunda época de la trama Gürtel (2006-2009), conocida como ‘pieza de Boadilla del Monte’, arranca el próximo 10 de noviembre. Es la continuación de la primera época (1999-2006), ya juzgada y sentenciada, con la condena del PP por enriquecimiento ilícito, que le costó el gobierno a Mariano Rajoy. El partido fue condenado a pagar 245.000 euros. En esta causa por la segunda etapa de ‘Gürtel’ se investigan los presuntos sobornos que las empresas de Francisco Correa, líder de la trama, entregaron a autoridades del municipio madrileño de Boadilla del Monte para obtener licitaciones. La Audiencia Nacional ya consideró probado, en mayo de 2018, en el juicio por la primera época de Gürtel, que el partido de Pablo Casado tenía una caja b desde al menos 1989, una estructura «financiera y contable paralela a la oficial» que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 2020. Francisco Correa ha confesado y quiere colaborar con la Justicia. Ha presentado un escrito de confesión en la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que hizo de intermediario para facilitar adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de que responsables políticos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda se llevaran comisiones. 

CASO ‘LEZO’: EL VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZALEZ COBRO 5.4 MILLONES DE EUROS EN COLOMBIA POR COMISIONES. Otra figura relevante del pasado del PP se sentará muy pronto en el banquillo: Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y vicepresidente entre 2003 y 2012. En 2017 fue detenido y pasó 6 meses en prisión provisional por el caso Lezo, que investiga la supuesta trama de corrupción en torno al Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, presidida por González entre 2003 y 2012. A Ignacio González se le incautó una fortuna en Colombia de 5,4 millones de euros presuntamente fruto de comisiones ilegales. González se sentará en el baquillo por la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 8 años de prisión por haber cobrado presuntamente 1,6 millones de euros en comisiones por esta adquisición con fondos públicos. El juez instructor considera que los 21,4 millones de euros que desembolsó el Canal en 2013 fueron un precio «inflado», ya que al año siguiente la entidad brasileña se devaluó en un 50%. La pieza derivada del caso ‘Lezo’ por la adjudicación a la constructora OHL de parte del trazado ferroviario entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero en 2007 le puede acarrear a González otros 4 años de prisión, según le pide la Fiscalía; además de una multa de 2 millones de euros.