LIDIA GARCIA. «Muchos de estos altos cargos y asesores ya han comunicado que no quieren seguir, otros están buscando acomodo en otras administraciones controladas por el PP, como el Ayuntamiento de Madrid, que ha vuelto a manos populares pero compartido también con Ciudadanos. Tampoco hay mucho sitio en otros consistorios. Tras las elecciones municipales de mayo, el PP solo se hizo con el poder en el oeste de la región (Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Las Rozas) y en Torrejón de Ardoz, si contamos solo las grandes localidades». El periodista David Fernández cuenta en «El Confidencial» como «entre los cuadros populares que durante esta legislatura han ocupado las plazas de personal de confianza (altos cargos y asesores) del Gobierno regional cunde cierta preocupación sobre su futuro. No hay sitio para todos en el nuevo Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta que casi la mitad de las consejerías serán gestionadas por el socio del PP, Ciudadanos, que creará su propio equipo«.

«A eso se suma la presión de Vox, que aunque no ha querido entrar en el Ejecutivo ya ha advertido de que su apoyo de investidura no ha sido gratuito ni un cheque en blanco, criticando con dureza que el nuevo Gobierno de coalición haya aumentado su estructura, pasando de las nueve consejerías actuales a 13. «No nos parece muy oportuno pasar de 9 a 13 consejerías. No tienen sillones para tanto consejero. ¿Con qué dinero van a pagarlo?», señaló Rocío Monasterio en su turno de intervención en el debate de investidura de Ayuso. Para el partido ultraconservador, la reducción del gasto público será uno de sus campos de batalla. «Venimos a desmontar chiringuitos«, sentenció Monasterio. «La Comunidad de Madrid es una Administración potente. Maneja un presupuesto que supera los 20.000 millones y da trabajo a 159.000 empleados públicos. El PP, que controla este Gobierno desde 1995, siempre ha utilizado la comunidad (como el resto de partidos en otras administraciones) para contar con su gente en los puestos de confianza que tiene todo Ejecutivo: altos cargos y asesores. Se trata, por ejemplo, de ex alcaldes que perdieron el bastón de mando, ex concejales y militantes que se quedaron fuera de las listas porque no salieron elegidos tras unas elecciones. También hay familiares de muchos cargos», recuerda David Fernández.

«Es lo normal. La anterior presidenta regional, Cristina Cifuentes, señaló en varias ocasiones que su objetivo era crear un Ejecutivo austero, reduciendo el número de consejerías y entes públicos. En mayo de 2018, días después de su dimisión por el caso máster y el ya famoso vídeo de las cremas, la comunidad contaba entre su ‘ejército’ de altos cargos y asesores con 247 personas, según el portal de transparencia autonómico. Desglosados en 104 altos cargos y 143 asesores: 247 nombres que sumaban en salarios 16,7 millones de euros». A día de hoy, a la espera de que Ayuso tome posesión como presidenta y Aguado como vicepresidente, el Gobierno en funciones cuenta con 160 asesores y 103 altos cargos, es decir, 263 personas. Todas cesarán con el cambio de ciclo y la preocupación se ha instalado en sus filas porque saben que no hay sitio para todos, aunque el nuevo Ejecutivo vaya a aumentar su estructura. Al ser una coalición, ambas partes negociaron un mayor reparto de las funciones. En la distribución del nuevo Gobierno, al PP le han tocado 7 de las 13 consejerías, por lo que Ayuso va a tener que hacer encaje de bolillos para contentar todas las peticiones, teniendo en cuenta además que ella quiere contar con gente nueva», señala el informe.

«Algunos de estos asesores y altos cargos consultados por El Confidencial confían en que el partido siga contando con ellos, aunque muestran su preocupación por el futuro. «Va a ser complicado», señalan. Tampoco ayudan los malos resultados cosechados en la Asamblea de Madrid (aunque aun así se haya conservado el Gobierno). De 48 diputados se ha pasado a 30, por lo que muchos de los que se quedaron fuera del Parlamento esperaban ser recolocados en el Ejecutivo. Las consecuencias ya se han hecho notar. La pérdida de diputados no solo va a suponer una importante merma de ingresos vía subvenciones, exactamente 1.282.000 euros en estos próximos 4 años, sino que por ejemplo el grupo parlamentario popular ya ha tenido que reducir su plantilla nada más iniciarse el nuevo curso político. Ha prescindido de 6 trabajadores».

«Tampoco ayudará la presión de Vox. Aunque obviamente su prioridad, como dejó claro Monasterio, va a ser que el nuevo Gobierno cumpla lo pactado con ellos, ya que «no vamos a renunciar a nuestros contenidos programáticos«, el objetivo también de la formación ultraconservadora es fiscalizar el gasto público y que la Administración no engorde innecesariamente. «La Comunidad de Madrid tiene 33.000 millones de deuda. De esto tenemos que hablar. Con nuestras medidas queremos reducir la deuda. Nosotros venimos a limpiar la ciénaga. Les vamos a pedir que se bajen ustedes de la torre de marfil a la que están encaramados», señaló Monasterio.

«Vox quiere incluso que se cierren algunos de los entes públicos que componen hoy la estructura de gobierno, y trabaja en un documento para detallar cuáles son prescindibles, lo que reduciría aún más las plazas para altos cargos y consejeros. Ayuso tendrá que buscar por tanto el equilibrio. Las 7 consejerías del PP tendrán las siguientes competencias: Presidencia, Interior, Emergencias y Desarrollo Local; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud; Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad. Las de Ciudadanos: Portavocía del Gobierno, Deporte y Transparencia; Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo; Universidades e Innovación; Asuntos Sociales y Familia; Transportes e Infraestructuras, y Cultura y Turismo. Ese fue el pacto inicial, aunque habrá algunos cambios. Ayuso ha anunciado que creará una gran Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo», concluye la noticia.