«Juancho» Santana (IU) y «Pato» Mackey (Somos MJD)

Los partidos políticos que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Majadahonda prometieron durante la campaña electoral municipal (24-M) bajar sueldos de los representantes políticos, suprimir asesores y transparencia en la contratación. Somos Majadahonda e IU fueron muy explícitos y propusieron: “Limitación de salarios y cargos de confianza” y “reducción de los salarios de los cargos públicos y los asesores”, respectivamente. Lo hicieron con diferentes palabras pero MJD Magazin las ha recopilado para sus lector@s:

En su Código Ético los concejales de Somos prometen la “limitación salarial hasta un máximo de cuatro salarios mínimos netos”. Esta idea se refuerza incluso con las dietas: “Transparencia y rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como representante, incluidos los gastos de representación”. También se comprometen a que “todas las contrataciones públicas se harán mediante procesos transparentes y contrastados. En el caso de darse más de una oferta que se considere beneficiosa para el municipio, se optará por aquella en la cual no haya nadie con un vínculo familiar o laboral con el Ayuntamiento”. Y en el propio programa electoral se defendía expresamente: “Limitación de salarios y cargos de confianza”.

El programa electoral de IU prometía expresamente: “Reducción de los salarios de los cargos públicos y los asesores”. Y en el reglamento de sus primarias en Majadahonda: “Comprometerse a aceptar las limitaciones salariales y de percepción de dietas u otras remuneraciones que acuerde la asamblea de Izquierda Unida Majadahonda y a destinar los excedentes al fin que acuerde la asamblea de Izquierda Unida Majadahonda”. En su estricto Código Etico se pide incluso que los sueldos políticos «se fijen con criterios de transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y accesible”. IU también pedía aquí “proponer la creación de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o servicios públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales, o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica”.

“Impulsar acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales”. También pedían ser muy estrictos en la «contratación de Obras y Servicios en relación con responsabilidades o actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los servicios, la construcción y el urbanismo. Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales».

Juancho Santana en la sede de IU

«Se propondrá la obligación de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios municipales existentes (páginas web, información municipal…). E impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones, poniendo en marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se adopten en materia urbanística y de contratación. Se harán públicos los procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas Web… En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno en las Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos”.