La ha desvelado el periodista Oscar López Fonseca (Voz Populi) con el titular: «El delator de Gürtel que asistía a las cacerías de Púnica al juez Velasco: «Granados tenía un poder absoluto». Se trata de la declaración judicial de Juan José Moreno, ex concejal del PP en Majadahonda imputado en Gürtel, que aseguró al juez Velasco que el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, participó junto al constructor David Marjaliza, también «arrepentido», en jornadas cinegéticas en las que cada puesto costaba «entre 2.500 y 3.000 euros» y que eran pagadas por una inmobiliaria. Dio muchos datos también sobre la promotora majariega DICO y la construcción del macrocentro comercial Gran Plaza 2. También aseguró que él y el otro concejal de Majadahonda que destapó la trama de Correa, José Luis Peñas, se reunieron con Granados en Génova y que éste les comentó que el entonces alcalde ‘popular’ de Majadahonda, Guillermo Ortega, «no entregaba el dinero al partido».
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La comparecencia como testigo de Juan José Moreno se producía este martes después de que hubiera acudido hace unos meses a la Fiscalía Anticorrupción con una copia de la grabación que hizo en octubre de 2005 a Raúl Calvo, asesor del Grupo DICO, una de las principales empresas inmobiliarias investigadas en el caso Púnica. En aquel archivo sonoro, que ya estaba incorporado al sumario de Gürtel aunque su transcripción estaba incompleta, el entonces concejal y el directivo de la sociedad mencionaban en varias ocasiones a Granados, a Marjaliza y a una constructora de este último: Obrum. De hecho, se llegaba a escuchar decir al representante de la mercantil que el político «no es que maneje o no maneje el cotarro, es que lo maneje y se lo lleva y no reparta».
Ahora, Moreno no sólo ha confirmado la veracidad de aquella grabación y los detalles sobre cómo se realizó la misma, sino que ha aportado nuevos datos, sobre todo de las célebres cacerías que organizaba DICO y a las que asegura que él no era invitado directamente, pero a que acudía como acompañante del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Según explicó al juez Velasco, aquellas jornadas cinegéticas tenían un elevado precio -«cada puesto costaba entre 2.500 y 3.000 euros»- que pagaba en su totalidad la empresa promotora. Entre los asistentes, recalcó que se encontraban habitualmente Granados y Marjaliza. «Todo estaba pagado y había mesas especiales donde luego se jugaba a las cartas en las que no se podía sentar cualquiera», aseguró antes de añadir que «intuía que había agasajos» para los políticos que asistían a dichas cacerías, aunque reconoció «no saber cómo se pagaba al PP». Moreno aclaró que dejó de asistir a esas cacerías en 2005, poco después de que fuera expulsado del partido.
Sin embargo, aclaró que sus encuentros en aquellos años con el dirigente ‘popular’ no se limitaron a esos días de campo y recordó que en una ocasión fue citado junto a su compañero José Luis Peñas en la sede del PP de la calle Génova para hablar de la situación del Ayuntamiento de Majadahonda. El ex edil aseguró que en aquel encuentro Granados acusó al entonces regidor de su municipio, Guillermo Ortega, también imputado en Gürtel, de «no entregar al PP el dinero» de las mordidas que recibía supuestamente por el amaño de contratos municipales. Moreno apuntó al juez Velasco pormenores del «caso DICO» y detalló que el interés del hoy encarcelado Granados por los negocios inmobiliarios de Majadahonda donde él era concejal estaba relacionado con la supuesta concesión de un terreno para un centro comercial que finalmente se llevó una empresa francesa. Se refería a la construcción del Centro Comercial Gran Plaza 2.
El delator de Gürtel incluso afirmó haber visto en el pleno del Ayuntamiento de Majadahonda en el que se iba a hacer una modificiación del plan urbanístico de la localidad al propio Marjaliza, al que volvió a calificar como «el tapado de Granados». No obstante, insistió que no sabía si el constructor tenía intereses en aquella operación ni le constaba que se le hubiera favorecido desde el Consistorio en el tiempo en el que él formó parte del mismo. Durante el interrogatorio al que fue sometido, los abogados de varios de los imputados en el ‘caso Púnica’ intentaron desacreditar las afirmaciones con preguntas para aflorar contradicciones en sus declaraciones, según señalan las fuentes jurídicas consultadas por Fonseca en Vóz Populi.
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