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Alejandro Arribas, que estuvo presente en la Junta de Accionistas del Rayo Majadahonda y el socio Manolo Hernández, que preguntó por la Asociación de Clubes de Tercera División
J. FEDERICO MTNEZ. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda ha incoado diligencias previas contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales Béjar, el secretario general, Andreu Camps, y el directivo de dicho organismo Tomás González Cueto por un presunto delito de amenazas, coacciones y prevaricación ante la denuncia presentada por 5 clubes modestos: la UD San Sebastián de los Reyes, Dux Internacional de Madrid, CF Rayo Majadahonda, RB Linense y Club Linares Deportivo, fundadores de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional. A esta asociación pertenece también el Real Unión de Irún propiedad de Unai Emery así como el Tudelano, que se ha tenido que desvincular de la misma debido a su descenso deportivo. A preguntas del socio y accionista Manolo Hernández, los directivos del Rayo Majadahonda respondieron en la última Junta de Accionistas celebrada el sábado 21 de mayo (2022) sobre esta misma cuestión: «la denuncia contra Rubiales la tiene también por parte de la Asociación de Entrenadores y de Proliga. ¿Como se puede prohibir en una democracia que se haga una asociación? Y además con amenazas: que si nos iba a expulsar, que si iba a «cargarse» la categoría…».
Con la presencia del futbolista propietario del club, Alejandro Arribas, que se desplazó desde México donde juega en la primera liga de aquel país, el club presentó sus proyectos para el curso 22/23 y las cuentas de este año, que dan unas pérdidas de entre 60.000 y 100.000 euros. Y es que la categoría, a pesar de su atractivo deportivo, sigue siendo deficitaria: «Estamos intentando conseguir entre 120.000 y 150.000 euros durante 3 años para cada equipo que pertenezca a esta Asociación, lo tenemos prácticamente conseguido gracias a que hemos contratado 3 empresas publicitarias que consiguen sponsors. Y añadió: «Le vamos a pedir también a Rubiales que reparta la ayuda que tenía el Extremadura entre los clubes, como otra temporada hizo con el Reus cuando desapareció. Y es que nosotros no vamos contra la Federación sino que pretendemos solamente aumentar los ingresos».
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En la imagen superior, el director general del Rayo Majadahonda, Alvaro Gómez y abajo el director de Logística, Alberto Cases
«¿Es tan difícil hacer un play off dividido en varios grupos y ver como se gana dinero para todos los que participen en él? Pues no, se hace en un solo lugar, en este caso Galicia. ¿Y que aficionados van a poder ir a Galicia o para que espectadores gallegos va a tener atractivo un partido entre el Rayo Majadahonda y el Villarreal B por poner un ejemplo?. En el caso del Adarve, que va a Alicante para jugar el play off contra el Hércules en otra categoría, solo han vendido apenas un centenar de entradas. Si hubiéramos hecho una eliminatoria a doble vuelta habríamos podido al menos llenar el Cerro del Espino, y eso que nosotros tenemos un campo pequeño. Rubiales siempre está pensando en él y encima se lleva un 0,15% del Presupuesto de la Primera RFEF, pues hace una retención y tenemos que pagar un canon para la Federación, con lo cual no nos llega ni a los clubes para equilibrar los ingresos. Nos dijo que íbamos a recibir 700.000 euros por club, pero no llegamos a esa cantidad ni de coña. Y para el año que viene veremos si hay siquiera televisión, porque Footters está «muerta». La venta que ha hecho de los derechos televisivos es irrisoria en términos de mercado», concluye la directiva.
Por otra la agencia Europa Press revela que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda entiende que los hechos denunciados por los clubes de Primera RFEF «revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevaricación» y «presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por ello, acuerda incoar diligencias previas, entre ellas la toma de declaración de los investigados Luis Rubiales, Andreu Camps y Tomás González Cueto. Los hechos denunciados por los clubes, bajo la dirección del bufete Martínez-Echevarría Abogados, se remontan a la reunión convocada por la RFEF con los clubes que integran la Primera RFEF el pasado 10 de marzo (2022), momento en el que los denunciados habrían, «haciendo uso de su cargos, engañado, amedrentado, amenazado y coaccionado de forma pública y notoria a los denunciantes con la finalidad de que estos renuncien al ejercicio de su derecho constitucional a la asociación y procedan de inmediato a la disolución de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional, asociación legalmente constituida».
Según informa la Asociación de Clubes de Tercera, los investigados «amenazaron a los denunciantes con la expulsión de la competición en la que militan, con la imposición de sanciones pecuniarias y denegarles el acceso a las ayudas financieras a las que tienen derecho y que gestiona la RFEF», si, en el plazo perentorio de 48 horas, no procedían a la disolución de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional (Primera RFEF) de la que son socios fundadores. En la exposición de los hechos, se manifiesta en la denuncia que la única finalidad de los investigados era evitar que la «Asociación pueda de algún modo alcanzar acuerdos de patrocinio u otro tipo de ayudas financieras en beneficio de sus asociados y al margen de la RFEF y con ello poner en peligro los emolumentos y prebendas que disfrutan los denunciados». Y esto es así, acentúa la denuncia, «porque Rubiales percibe de la RFEF, además de su sueldo fijo, una cantidad adicional equivalente al 0,15% de la totalidad de los ingresos liquidados por cualquier concepto, excluidas las subvenciones públicas, por lo que cualquier cantidad canalizada fuera de la RFEF supondría un menor ingreso por Rubiales e, indirectamente, por el resto de denunciados».