JORGE RUBIO. El desalojo de las Casas Rojas de Majadahonda sigue dando que hablar un día después. Ocurrió en el pleno del Ayuntamiento, cuando el concejal de Somos, Patricio Mackey, acusó al PP de “mandar un Ejército de la Guardia Civil” al lugar de los hechos. La alusión molestó al concejal de Seguridad, Manuel Ortiz (PP), que replicó: “el único militar que hubo fue el ex jefe de Estado Mayor y ex diputado de Podemos, que además quiso saltarse un control policial para estar ahí”, en alusión al general Julio Rodríguez. La noticia más novedosa, sin embargo, la dio el propio alcalde, Narciso de Foxá: “dos días antes entraron en el Ayuntamiento veinte o treinta personas de la Plataforma Anti-Desahucios de forma muy violenta” y afirmó que “entraron pegando golpes en mi despacho y poniendo unas pancartas en los balcones del Ayuntamiento”.

Foxá reconoció que en los días previos al desalojo “hubo problemas de seguridad” y se tuvo que “proteger a funcionarios, concejales y alcalde”. Añadió además que Somos estaba utilizando medios municipales “no para informar a los vecinos sino para insultar al alcalde, y no a Narciso de Foxá, al que insultaron desde la calle y eso va en el sueldo. El insulto se hizo a la institución y que eso venga de un partido político a mí me dan ganas de vomitar. Yo podría hacer lo mismo: ¿usted se cree que nosotros no sabemos insultar?. Pero tenemos un respeto a los ciudadanos que nos han elegido a todos y usted estaba insultando a una gran parte de ciudadanos de Majadahonda que nos habian elegido”.

En otro momento del pleno, el primer edil majariego acusó a Somos de «dejar tirados» a los «okupas» prometiéndoles falsas expectativas de quedarse en las viviendas «cuando al final los problemas de carácter social se los tenemos que arreglar nosotros»: «Me parece indignante que utilicen a un colectivo para politizar una cuestión, desgastar al equipo de Gobierno y luego dejarlos tirados, que es lo que hacen siempre». Y añadió: «no les he visto manifestarse delante de los propietarios, que son quienes pusieron la demanda, ni delante del juzgado, que fue quien dictó la orden de desalojo, no de desahucio. Según me dice la Policía Local, muchos de los afectados no estaban de acuerdo con el numerito que se estaba montando y estaban muy de acuerdo con la carpa que se puso porque era una manera de solucionar los problemas a las distintas familias sin tener que ir a los servicios sociales. Pero a lo mejor ustedes lo que querían era ir a los servicios sociales a entrar por la fuerza, a montarla y a cohibir a los funcionarios como ya han hecho en este Ayuntamiento. Y hay ciudadanos de Majadahonda que no han entrado ilegalmente en un edificio y lo están pasando bastante peor que ellos. Pero a esos no los defienden porque no tienen repercusión mediática»

Esa misma agresividad, pero esta vez contra los periodistas, fue criticada también por Juan Rubio, diputado de Ciudadanos (Cs) que asistió al pleno de Majadahonda: “tuvimos noticia como es lógico, de hecho toda España tuvo noticia, y me producen cierto desconcierto las reacciones. Primero posicionándose contra una sentencia judicial, que nosotros respetamos en toda su extensión, nos gusten o no. Y la situación es que se pretenden dar ciertos derechos a personas que no respetan la ley. La norma, cuando estamos hablando de vivienda social, tema que yo llevo en la Asamblea de Madrid, es que todas las personas que ahora mismo están disfrutando de forma legal de una vivienda social han seguido un procedimiento, aportado una documentación y certificado su condición de necesidad. Pero si damos valor a esta ocupación de forma ilegal no sujeta a la normativa que hemos establecido entre todos, lo que estamos haciendo es permitir el acceso a personas que no han respetado este procedimiento, que no han justificado que realmente tienen necesidad de esa demanda. Ni siquiera sabemos si tienen más o menos necesidad que el resto de las personas que están ahora mismo en lista de espera. En definitiva, convertiríamos esto es el Oeste, donde cada uno en función de la fuerza que tenga puede acceder a una vivienda”.

¿Es justificable la agresividad que recibió la prensa en Majadahonda por el clima de tensión? “La agresividad nunca es justificable, y lo digo también como jugador de rugby. La agresividad nunca, y contra los medios de información, si cabe, menos. No trato de decir que sea justificado contra ninguna parte: contra los medios de comunicación menos porque su función es precisamente traernos la información de lo que está pasando, y obstaculizar su trabajo y su labor es contraproducente en todos los sentidos. Para el propio agresor desde luego, pero también para los ciudadanos que no van a poder recibir toda esa información. En definitiva, no podemos prohibir la realización de ese trabajo”.

También Mercedes Pedreira (Centrista) se mostró «de acuerdo con el alcalde» porque «no estamos hablando de un desahucio. Estoy hablando de lo que ha pasado aquí. El dueño podría pedirnos responsabilidades y podríamos prevaricar si pedimos la suspensión del desalojo». La socialista Elisa Piñana prefirió centrarse en «la tragedia humana de las Casas Rojas», ya que estimó «insuficiente» el pago del alojamiento en una pensión «incluso fuera de este municipio» y «habilitar una carpa para que se les atendiera». «¿Hay más medios? y si no los hay, ¿porque no se ponen?». Foxá respondió que se estaban atendiendo «a 7 familias, 11 menores, en total 26 personas y 3 mascotas. Y una familia tenía derecho, pero ha renunciado», concluyó.

Por su parte, Patricio Mackey (Somos) defendió que la suspensión de la ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento no incurría en prevaricación porque la decisión la tomaba un tercero “que es el juzgado”. Y recordó que esas solicitudes de suspensión las había solicitado antes hasta Cristina Cifuentes y la gerente del IVIMA: “Me gustaría saber si están llamando prevaricadora a Cifuentes y si nos tendríamos que personar junto a Narciso de Foxá en el juzgado”, señaló con ironía. Sus palabras fueron refrendadas por Juancho Santana (IU). El alcalde replicó: “Usted está tergiversándolo todo. Una cosa es un desahucio y otra un desalojo de una situación ilegal. No es lo mismo desahuciar a dos personas mayores que llevan viviendo 40 años en un piso legal y que se quedan en la calle por falta de pago que a unos señores que vivien gratis en ese edificio que no es suyo. Claro que se puede estar prevaricando porque tomo parte en un conflicto entre dos partes. El Ayuntamiento no es parte. Y si intervengo, me echo encima una responsabilidad de todos los ciudadanos de Majadahonda. ¿O usted se hace responsable? Es un tema muy serio y es una tragedia humana. Claro que hemos protegido a los niños y a las personas, pero estar ocupando una viviendo ilegal no da derecho a pasar por encima de los ciudadanos de Majadahonda que también quieren el acceso a una vivienda”.