JORGE RUBIO. La situación del Centro Deportivo Huerta Vieja y del Club Escuela de Tenis (CET) Majadahonda volvió a ser una de las grandes protagonistas del pleno del Ayuntamiento. Un tema recurrente que se ha dejado caer a lo largo de los últimos años y que ha llevado a esta agrupación a llevar su situación ante los tribunales en un particular vía crucis que no parece tocar a su fin. Fue el el alcalde Narciso de Foxá el último en intervenir para señalar que «devolver dinero un tercero, si no me lo dice un juez, yo no lo hago» aunque el proveedor tuviese razón ya que «hoy en día eso supone ponerse en un riesgo muy innecesario». El motivo es que la concesionaria va a tener que pagar un IBI que no estaba previsto y que es imposible de sortear por ley, por lo que los grupos pretenden que el Ayuntamiento se lo devuelva por otra vía. Fue Zacarías Martínez-Maíllo (PSOE) quien hizo gala de su estilo y oratoria habitual para ilustrar su intervención con una sencilla pero directa introducción al calificar de «susto o muerte» la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento en este tema. Y concluyó: «Entre susto o muerte, preferimos susto». De hecho, la sentencia que da por derrotado al Ayuntamiento no se va a recurrir. El punto se aprobó con 15 votos a favor (PP, PSOE y Centristas) y 9 abstenciones (Ciudadanos, Somos e IU), pero el alcalde vio una piel de plátano en la votación y advirtió: «Si no me lo dice un juez, yo no pago».
«Al no decir ni pío el concesionario incurre en una serie de deudas que debe pagar al Ayuntamiento, y claro, va al juzgado» señalaba el portavoz socialista que argumentaba que esta situación era como «el hotel de los líos de los hermanos Marx». Maíllo señaló que «lo podríamos haber hecho muchísimo mejor. Les dije cual sería la propuesta de resolución viable económica, política y ética. Consistiría en tomar en consideración la sentencia del juez que obliga al Ayuntamiento al reequilibrio económico y que reconoce que hay un perjudicado y ante esta nueva situación, el Ayuntamiento decide no recurrir la sentencia, paralizar el embargo y dar salida al expediente de reequilibrio». «La sentencia después del contencioso propuesto por el concesionario le da la razón», señalaba el concejal de Deportes, Manuel Elvira (PP). «Esta suspensión cautelar habría que hacerla en el momento en el que la sentencia sea firme, el 5 de febrero. Hemos llegado a la conclusión de que esto es lo más razonable», concluyó Elvira, para asegurar que a eso habían llegado los servicios jurídicos del consistorio. El resto de intervenciones vinieron a señalar que lo que ahora dictaminaban los tribunales no era más que la «crónica de una muerte anunciada» ante lo previsible que resultaba una sentencia favorable hacia el concesionario. Así fue el debate:
«¿Por qué no se ha hecho nada antes? Es indiscutible la existencia de un desequilibrio por el notable incremento del valor catastral del inmueble. ¿Por qué se ha negado este restablecimiento económico? Hemos llegado hasta el final de un procedimiento que se tenia que haber paralizado antes». Con estas palabras Mariene Moreno (Ciudadanos) comenzaba su intervención e insistía en la idea de que no «debía recurrirse la sentencia» y que dada la «firmeza de la sentencia» se procediese «de inmediato al restablecimiento económico» de la concesionaria. Por otro lado, Alberto Moreno (Somos) insistió que pese a que a su grupo «las externalizaciones no les gustan demasiado, en este caso era evidente que el concesionario tenia razón». «Todos lo sabíamos», prosiguió el edil de Somos para terminar su intervención señalando que debían «aprender de lo que no hemos hecho bien para no repetirlo en futuras concesiones».
Juancho Santana (IU) señaló que este era «un tema demasiado recurrente en el pleno» y que se sabía que la situación de la concesionaria «no era justa». Una postura similar a la que mantuvo Mercedes Pedreira (Centristas) que insistió en que «nadie entendía que se le dijese a alguien que «esto vale 300.000 euros» y luego valga 8 millones». Pedreira señaló que «si esta hubiese sido una empresa grande de cuyo nombre no quiero acordarme seguramente no hubiese tenido estos problemas» pero que «esta era una empresa pequeña». También se mostró conforme con la proposición de Martínez-Maíllo para poder así «cerrar el paquete» cuando la sentencia fuese firme. Manuel Elvira (PP) cerró el turno de intervenciones asegurando que sí se «hizo un restablecimiento económico a la concesión cuando varió el valor catastral». Elvira puso de manifiesto que si no se había actuado antes era porque la cocnesionaria estaba en situación de «incumplimiento del contrato» ya que debía haber hecho una serie de instalaciones que no hizo. «El Ayuntamiento sí que dijo pío», aseguró el concejal de Deportes para señalar que se había «informado a todos los grupos de los pasos que se han dado». «Yo también creo que hubiese sido mejor hacerlo todo de golpe, pero si los servicios jurídicos me dicen que no lo haga tengo que hacerles caso», concluyó.
