MANU RAMOS. «A ver si aprendemos de una vez a hacer las cosas bien». Tremendo enfado del juez de la Audiencia Nacional ante el error en la citación de Narciso de Foxá, ex alcalde de Majadahonda, que no pudo comparecer por este motivo. Algo tan sencillo como notificar fehacientemente la presencia en el Juzgado de una persona se ha convertido en un laberinto para algunos funcionarios de la Administración de Justicia. O eso al menos es lo que ocurrió este jueves, cuando una simple llamada al Ayuntamiento hubiera resuelto el enigma domiciliario. La frustrada comparecencia sirvió al menos para conocer que la ex jefa de prensa municipal del PP, Laura Nistal, comparecerá también el próximo día 15 de diciembre (2020).

Según informa la agencia Efe, el juez del caso Púnica suspendió la toma de declaración como imputados, prevista para este jueves, a los ex alcaldes de Majadahonda (Madrid) Narciso Foxá, y de Castellón, Alfonso Bataller, por supuestamente contratar a la trama para mejorar su imagen en medios y redes sociales con cargo a los fondos públicos. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha optado por suspender estas comparecencias debido a problemas en la citación, según han informado a Efe fuentes jurídicas. A los dos se les imputan entre otros, delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación o falsificación de documentos mercantiles. Junto a ellos fueron imputados por este mismo asunto otros ex alcaldes del PP de los municipios madrileños de Coslada, Raúl López, o el de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, quien renunció recientemente a su cargo de comisionado del gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo tras conocerse su imputación.

Ambos han negado que contratasen al empresario vinculado a la trama Púnica Alejandro de Pedro para mejorar su imagen personal en las redes, si bien López reconoció que éste le enviaba trabajos de reputación que él no había pedido, y García Vinuesa señaló que él solo le contrató para cursos de formación en redes sociales para unos 40 funcionarios del Ayuntamiento. Lo que sí admitieron ambos es que conocieron a De Pedro en una reunión de finales de 2010 celebrada en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, que estuvo presidida por los ex consejeros madrileños Lucía Figar y Francisco Granados, y en la que el empresario hizo una exposición sobre la importancia de las redes sociales. Estas declaraciones se enmarcan en la pieza diez del caso, centrada en la contratación de empresas vinculadas a Púnica por parte de diversos ayuntamientos y de la Consejería de Educación de Madrid para mejorar la imagen de los alcaldes en medios y redes sociales con cargo presuntamente a los fondos públicos.

El juez del caso tiene previsto continuar la semana que viene con más interrogatorios sobre este asunto, entre ellos el de Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y en el momento de los hechos jefe de gabinete de la ex consejera madrileña Lucía Figar. A Balbín el juez le imputa por los trabajos de reputación que recibió presuntamente la ex consejera Lucía Figar entre 2011 y 2014, además de a otros investigados que habrían participado para que estos servicios se pagasen con dinero público y de forma encubierta. «Instado» por Figar, dice la Fiscalía, su entonces jefe de gabinete de prensa Pablo Balbín aceptó presuntamente su petición de «participar en el engaño«.