MANU RAMOS. «Siete años esperando a que Madrid pague el millón que costó buscar los restos de la víctima del descuartizador de Majadahonda. El gobierno de Ayuso, obligado por una sentencia judicial, aprobó en julio pagar a la empresa del vertedero de Pinto por la investigación que hizo en 2015″ son los titulares de un reportaje publicado por los periodistas Juan José Mateo y Patricia Segura este 20 de agosto (2022) en el diario «El País». Y en el texto explican como «sobre la larga mesa del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aparecen palabras escalofriantes. “Búsqueda del cuerpo”. “Delito”. “Restos”. Ocurre el 20 de julio, en la última reunión del cónclave de políticos antes de las vacaciones veraniegas, y ese tema inesperado enfrenta a los consejeros de Isabel Díaz Ayuso con una sentencia judicial: el Tribunal Supremo les obliga a aprobar el pago de 1,4 millones de euros a la empresa gestora del vertedero de Pinto, en compensación por los gastos en los que incurrió esta para buscar los restos de una de las víctimas del descuartizador de Majadahonda. Aquello ocurrió en 2015. Son 7 años de espera con una factura millonaria pendiente. Y un misterio sin resolver que rodea a las dos mujeres asesinadas». El nombre del juez instructor que tomó la decisión no ha transcendido ni tampoco los del resto de sus compañeros que lo han avalado en instancias superiores.

«¿Por qué ha tardado casi un decenio la Comunidad de Madrid en hacerse cargo del pago de los 1,4 millones de euros que costó la búsqueda de los restos en el vertedero de Pinto?. ¿Qué explica esa tardanza en compensar la contratación de nuevos operarios para acelerar los trabajos, y la habilitación de un turno de tarde para agilizar la investigación?. La Dirección General de Justicia y Seguridad del gobierno autonómico se negó al abono defendiendo que el coste debía incluirse en la tasación de costas que se practicara en su día en el juicio, para que se hiciera cargo quien fuese condenado. Una argumentación que no convenció a la empresa gestora del vertedero, que es privada y actuó, precisamente, por orden del tribunal. En febrero de este año, la justicia le dio la razón: es la Administración autonómica quien tiene que asumir los costes de la búsqueda en el vertedero al tratarse de gastos necesarios para el funcionamiento, puesta en marcha y consecución de los objetivos de la Administración de Justicia. El mismo tiempo durante el que ha estado esperando la empresa del vertedero de Pinto a que la Comunidad le pague por contratar nuevos empleados y crear un turno de tarde con el objetivo de buscar a una de sus víctimas», concluye el reportaje.