MANU RAMOS. «Ex políticos locales como Arturo Sanz Millán, un ex alcalde franquista de Majadahonda (Madrid) que luego fue alto cargo de José María Aznar y después fue condenado por una estafa a gran escala con la venta de gasolina» es como define el periodista Antonio M. Vélez de Eldiario.es a uno de los 100 indultados por el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), según recoge este 22 de noviembre (2023) un reportaje titulado: «De Rato a los Franco o un narco: los 100 beneficiarios de la amnistía fiscal de Rajoy que han salido a la luz. La viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde, o los antiguos propietarios de los detergentes Colón, entre los últimos nombres que han aflorado: más del 99% permanece oculto. Un narcotraficante gallego condenado en firme por el Supremo se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy y Montoro«. La amnistía fiscal de Arturo Sanz Millán, se produjo porque regularizó 282.608 euros y ya en 2018 el mismo periodista escribió: «A la amnistía se acogieron 31.484 personas y sociedades pagando, de media, un 3% de la cuota defraudada». Y añade que «Sanz Millán, hoy octogenario (tiene 82 años), regularizó con la amnistía 282.608,55 euros que ocultaba al Fisco a través de una declaración tributaria especial (DTE) presentada el 29 de noviembre de 2012, según una sentencia dictada el pasado 20 de junio por la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)», según señalaba aquel artículo.

Aquella amnistía salió a la luz porque el majariego Arturo Sanz Millán recurrió en el TSJM una liquidación posterior (2014) de 142.392,69 euros entre cuota (88.269,24 euros) y sanción (54.123,45 euros) que le practicó la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2008 y 2009 y que en junio de 2016 ratificó el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. El TSJM estimó parcialmente su recurso al mantener solo la liquidación y la sanción del ejercicio 2009, «único no prescrito», referido a 89.481 euros por rentas derivadas del alquiler de una nave a la cementera francesa Lafarge en la parcela nº 205 del polígono nº 3 de Majadahonda, que según la información del Registro de la Propiedad número 2 de esa localidad, pertenece a Sanz Millán desde 1992. Pese a que la Agencia Tributaria imputó al ex alcalde majariego al que amnistió rentas por importe de 170.872,92 por el alquiler de ese inmueble a la multinacional, una portavoz oficial de Lafarge Holcim aseguró que «la empresa no tiene ni tuvo alquilada una nave en Majadahonda en condición de arrendataria». Y concluye: «La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, recoge que Sanz Millán presentó su DTE tras saber que Hacienda le investigaba (una vez recibidos sendos requerimientos de información de la Agencia Tributaria en febrero y abril de 2012) «para regularizar su situación tributaria por falta de declaración de rentas en sus autoliquidaciones de IRPF». «En concreto se regularizaron a través de esa declaración: Depósitos en cuenta corriente o de ahorro por importe de 233.348,07 € y Efectivo por importe de 49.260,48 €».

El artículo publicado ahora en 2023 resume así esta menos conocida amnistía que tuvo lugar hace una década, concretamente en 2012: «Un centenar de nombres. El 0,3% de los más de 31.000 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es la mínima proporción de beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal que el gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional anuló en 2017. El último nombre que ha salido a la luz es el de un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo y que en noviembre de 2012, al poco de salir de prisión, regularizó 90.000 euros en efectivo con esa medida. Su nombre ha trascendido por una reciente condena por blanqueo de capitales en la que consta que presentó una declaración tributaria especial (DTE), el nombre técnico de la amnistía». 

Con el caso de Majadahonda, se eleva a unos 100 el escaso recuento de beneficiarios que ha trascendido, con lo que más del 99% de los agraciados siguen bajo secreto. Los que se conocen han aflorado gracias básicamente a procedimientos judiciales e investigaciones periodísticas. En 2017, tras la sentencia que declaró inconstitucional la amnistía, elDiario.es publicó una recopilación de 60 nombres. Entre ellos había personas vinculadas a la corrupción del PP como Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo o Edmundo Rodríguez, junto a varios miembros del clan Pujol o el sindicalista José Ángel Fernández Villa. También bastantes empresarios, pequeños y grandes. Otros nombres conocidos son los de la Familia Franco (que regularizó 7,5 millones a través de una de sus sociedades, Montecopel, como reveló en 2018 Vozpópuli) o José Manuel Méndez Freijo, ex alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) condenado por el Supremo por cohecho y prevaricación.

«Posteriormente siguió un lento goteo de nombres que ha continuado hasta hoy. Uno de los últimos que ha salido a la luz es el de Aurelia Sancho, viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde condenado como él en el caso Banesto. Sancho, ya septuagenaria, fue condenada el pasado verano por la Audiencia Nacional a una multa de 2,8 millones por blanqueo, como avanzó El Periódico. Según la sentencia, regularizó 1,2 millones que ocultaba en cuentas y fundaciones de Liechtenstein y Suiza. También este año ha aflorado la amnistía de un millonario semidesconocido, Juan Escoda, que canaliza importantes inversiones en ladrillo a través del family office Twin Peaks junto a su hermana, Mercedes Huguet, bien relacionada con la burguesía catalana. A Juan Huguet la inspección le cazó fingiendo su residencia fiscal fuera de España en 2013″, finaliza el artículo.