JORGE RUBIO. La abogada Elena Gil González está llevando a cabo un proyecto para evitar que los partidos políticos puedan «bombardear» a los electores con propaganda de cara a las inminentes dobles elecciones de 2019. Una posibilidad real que permite la nueva normativa electoral ya que los actuales partidos de Gobierno y Oposición se han puesto de acuerdo para permitir a las formaciones políticas «extraer datos (incluida su ideología) de los ciudadanos de internet y redes sociales» para enviarles publicidad para votarles. Elena Gil Gómez forma parte del grupo Think Tank “Secuoya Group”, que pretende luchar contra esta situación mediante la creación de lo que se ha denominado como la «Lista Viernes» en la que cualquier elector puede apuntarse para evitar que los candidatos les envíen «spam político» a su correo y mostrar así su oposición «a que sus datos ideológicos sean tratados por los partidos políticos» de forma similar a lo que ocurre con la «Lista Robinson» y la publicidad comercial. Y aunque la iniciativa de esta abogada es a nivel nacional y se articula mediante un
crowdfunding, también es válida para la Zona Oeste de Madrid en general y Majadahonda en particular, ciudad con la que guarda una estrecha relación, ya que se crió en ella y sus padres son miembros del Rotary Club majariego. «Sobre Majadahonda lo que más me gustaba de pequeña era la pista de hielo del Equinoccio. Más adelante, cuando fui creciendo, comencé a ser asidua al Mercadillo, al que iba con mi madre los sábados, Y, por supuesto, los bares y restaurantes del pueblo», relata la abogada. A continuación reproducimos el comunicado en el que se da a conocer esta iniciativa para la creación de la «Lista Viernes». 

«La nueva norma electoral que permite a los partidos extraer datos (incluida su ideología) de los ciudadanos de internet y redes sociales, y enviarles propaganda electoral por medios electrónicos, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, por el Defensor del Pueblo a iniciativa de un grupo de juristas especializados en protección de datos personales. Dos de ellos, Jorge García Herrero (quien ya denunció en noviembre la norma polémica reforma -el nuevo 58 bis de la Ley electoral-) y Elena Gil González, junto con el resto del Think Tank “Secuoya Group”, lanzaron este 11 de marzo la «Lista Viernes». El Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre la nulidad o validez de la nueva normativa hasta meses después de las dos elecciones de esta primavera».

Lista Viernes: ¿Qué es?: «A imagen y semejanza de la “Lista Robinson”, cualquier ciudadano puede apuntarse en la «Lista Viernes», manifestando con ello su deseo de no recibir spam en su correo electrónico o teléfono móvil. Y su oposición a que sus datos ideológicos sean tratados por los partidos políticos. Una sola lista servirá para que todos los partidos políticos puedan obtener en un solo lugar, la información necesaria sobre los ciudadanos que no quieren propaganda ni que sus datos sean tratados conforme a la nueva normativa. La «Lista Viernes» tendrá la misma función que la «Lista Robinson», pero en relación con los partidos políticos». Leer más.

AGENCIA EFE. La disposición final tercera de la nueva norma de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales en vigor desde diciembre pasado incluye un polémico artículo 58 bis en la Ley Electoral. El mismo dice que «los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral». Los próximos comicios generales y municipales junto con los europeos, el 28 de abril y el 26 de mayo, respectivamente, serán los primeros en España en los que los partidos estarán amparados por la ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), por otra parte, para usar datos de ciudadanos en redes sociales y tratarlos con fines electorales sin informar al afectado. Contra dicho precepto el Defensor del Pueblo presentó hace unos días un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) a petición de un grupo de juristas y cinco organizaciones de defensa de derechos y actualmente se está a la espera de conocer si el organismo lo admitirá a trámite. Esta reforma legal buscaba adaptar el ordenamiento español sobre privacidad al nuevo reglamento europeo de protección de datos para asegurar la intimidad de un ciudadano mucho más expuesto públicamente en Internet y las nuevas tecnologías, pero paradójicamente ha permitido a los partidos lo que prohíbe al resto.