EUROPA PRESS. Cuatro de los trece detenidos este martes en la denominada ‘Operación Topolino‘ contra las clínicas dentales Vitaldent, entre los que podría encontrarse el dueño de la franquicia, Ernesto Colman, se encuentran ya en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) para prestar declaración por presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Las declaraciones podrían prolongarse con el resto de procesados en función del ritmo con el que la Policía ponga a los detenidos a disposición judicial, según las mismas fuentes. Las primeras pesquisas de los responsables de la investigación apuntan a que Colman exigía a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico y que cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros. Entre los detenidos en Madrid y en Torrevieja (Alicante) encuentra también Vicente Samper, director comercial de Vitaldent desde 2005 hasta hace tan solo unas semanas. Samper se encargó de la expansión de Vitaldent tanto en España como en Portugal, Italia o EE.UU.
En el marco de esta operación, la Policía ha incautado un avión, decenas de coches y varias fincas. El juzgado de Majadahonda que está tomando declaración a los detenidos es el que inició las pesquisas después de recibir la denuncia de varios de los franquiciados Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, según la Policía. La Fiscalía, en un comunicado emitido este martes, habla incluso de «organización criminal» dirigida por el dueño de Vitaldent, Ernesto Colman. El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios, según los investigadores.
Ernesto Colman
Por su parte, RTVE eleva a 10 los detenidos por el fraude de Vitaldent que están declarando ante el juzgado de instrucción numero 2 de Majadahonda tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados, según han informado a TVE fuentes de la investigación. De los 13 arrestados en la operación desarrollada contra la cúpula de Vitaldent, presidida por el empresario uruguayo Ernesto Colman, tres personas han quedado en libertad, cuatro han pasado a disposición judicial y otras seis lo harán en breve. El fundador de la red de clínicas ya ha prestado declaración, tal y como ha confirmado su abogado a TVE. Entre los detenidos en Madrid y en Torrevieja se encuentra también Vicente Samper, director comercial de Vitaldent desde 2005 hasta hace tan solo unas semanas. Samper se encargó de la expansión de Vitaldent tanto en España como en Portugal, Italia o Estados Unidos. La Operación Topolino la lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras las pruebas obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción de que los detenidos cometieron varios delitos contra la Hacienda Pública y sus franquiciados, que son los que han denunciado las prácticas ilícitas.
El abogado que defiende a los franquiciados de la clínica dental Vitaldent, Rafael Franco, ha asegurado a la salida del juzgado que los contratos de franquicia con la empresa incluían cláusulas «verdaderamente salvajes». El 98% de las cláusulas «eran penales» y obligaban, entre otras, a los franquiciados a adquirir material al franquiciador (Vitaldent) aunque existiesen marcas que ofrecieran un precio más bajo. Según ha señalado Franco, Vitaldent aplicaba «sobrecostes» a sus franquiciados «de manera continuada y sostenida en el tiempo». Asimismo, aplicaba «de una manera perversa el sistema informático en el que se introducían todos los datos, todas las informaciones y la facturación», según el abogado. El juez ha anunciado que permitirá a los franquiciados personarse en el proceso como acusación particular. Actualmente se han personado en la causa cinco franquicias, por lo que el abogado de la parte demandante augura una instrucción «relativamente larga y compleja». Según ha indicado, «hace casi tres años» que los franquiciados afectados interpusieron las denuncias iniciales y, a su juicio, se ha llevado a cabo una investigación «dilatada» y con «detalle». En relación con la presunta «recogida de dinero B» en algunas de las clínicas, Franco ha especificado se atribuye solo a las clínicas propias.
La Fiscalía habla de una «organización criminal» dirigida por Colman, quien planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las 430 clínicas con que cuenta la franquicia. Fuentes de la investigación aseguran a Efe que Colman exigía a sus franquiciados el pago en metálico de determinadas cantidades acordadas todos los meses que, como si se tratara de una caja B, no declaraba a Hacienda. Colman ingresaba estas ganancias en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo. Una parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles, fincas rústicas y vehículos, con lo que culminaba el proceso de blanqueo. En la operación fueron incautados numerosos bienes, entre ellos un helicóptero valorado en un millón, 36 coches de lujo y 1.200.000 euros en metálico en tres domicilios, incluido el de Colman.
La OCU ha pedido por medio de cartas a las diferentes consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas más seguridad para todos los afectados por Vitaldent. Ha reclamado que se investiguen las clínicas para garantizar que los clientes reciben su tratamiento o la devolución de su dinero en el caso de fallos en la atención sanitaria. Apremia a las autoridades de consumo para que realicen inspecciones de oficio que garanticen las condiciones en las que están prestando sus servicios y la continuidad de los mismos. Por todo ello, solicita que se adopten estas medidas «con la mayor urgencia posible», ya que los últimos acontecimientos, a su juicio, pueden alterar el funcionamiento normal de las clínicas. Para informar a los afectados sobre esta situación la OCU ha puesto a disposición de los usuarios un enlace en su página web. Por su parte, Facua recomienda a los consumidores «no firmar ningún contrato con clínicas directas de la matriz» y guardar la documentación de todos los tratamientos. Además ha habilitado una plataforma on line para resolver dudas de los pacientes de Vitaldent.
