La segunda sesión del juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional trajo sorpresas y algunas mayúsculas. Según el diario El País, el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado ya ha optado «por permitir a los personajes secundarios de la trama ausentarse de las sesiones a partir de hoy». Por contra, para otros 13 acusados, «la obligación de estar preentes en la sala de vistas en sesiones de mañana y tarde, persiste”. Son los llamados “procesados fundamentales” y entre ellos no está ni el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega «Willy«, ni su esposa, Gema Matamoros, ni su hermano Jacobo Ortega. Tampoco el ex concejal majariego Juanjo Moreno. En cambio, sí se sentará en el banquillo hasta junio de 2017 el ex concejal José Luis Peñas, que fue quien grabó las conversaciones que dieron lugar al juicio. Aunque falta la confirmación oficial, que seguramente se produzca este martes, ya no se verá más en las imágenes de la vista a estos personajes tan conocidos en Majadahonda hasta que declaren y sí en cambio aparecerá siempre Peñas. Por otra parte, esta decisión podría encajar dentro de otra mayor que puede convertir este juicio en un «correcalles» de ida y vuelta: el periodista Ernesto Ekáicer ha afirmado que el tribunal estudia trocear el sumario en cinco mini juicios: Estepona, Majadahonda, Castilla y León, Pozuelo y Madrid.
Una imagen curiosa: Peñas y Rato en la cola de los procesados
La decisión del tribunal sobre la «liberación» de Willy Ortega y sus familiares del banquillo de los acusados, adoptada al parecer este lunes, no anticipa culpabilidades ni inocencias pero resulta significativa y es totalmente legal: «El País» añade que “esta dispensa de asistencia, prevista por la normativa europea pero no por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya se ha puesto en práctica en otras macrocausas como el caso Nóos, que afecta a la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, entre otros, o el juicio del caso Malaya de corrupción en Marbella, que, con 91 procesados, se extendió durante más de un año y medio en la Audiencia Provincial de Málaga. Los 13 procesados que van a “comerse el marrón” de lo que el diario llama “pena de banquillo” son “el cerebro de la trama, Francisco Correa; su lugarteniente, Pablo Crespo; Álvaro Pérez “El bigotes”; el contable José Luis Izquierdo; la gestora Alicia Mínguez; los administradores de empresas Felisa Jordán y Javier Nombela, el extesorero del PP Luis Bárcenas; el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote; el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López-Viejo, el abogado Luis de Miguel, presunto cerebro financiero de la trama Gürtel, y el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, cuyas grabaciones a los máximos responsables de la red corrupta fueron trascendentales al inicio de la investigación”.
Y más buenas noticias judiciales para el PP majariego: la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, ha afirmado en el juicio que aunque el PP de Majadahonda fue el que se benefició del botín de la trama Gürtel para sus campañas electorales, el responsable no es el grupo municipal de Majadahonda sino el PP nacional. Según su tesis, quien se lucró con el cohecho y prevaricación de la trama ‘Gürtel’ como partícipe fue quien se «benefició» de los más 245.000 euros por las actividades presuntamente realizadas por los entonces alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda pero descarta que sean los grupos municipales los que tengan que responder por ello.
La fiscal Concepción Sabadell
Según ha explicado la fiscal Concepción Sabadell, el PP «alega la nulidad de la causa porque se le ha atribuido la condición de partícipe lucrativo que no le pertenece, sino a los grupos municipales» cuando «el PP, tal y como quedará acreditado en el juicio oral, es quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros«, ha enfatizado. Así, su condición en este juicio es «plenamente válida» por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos y, por ello, ha solicitado al tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados que no acepte la petición de la formación política de ser retirada del procedimiento porque «no procede su exclusión». Por contra, el PP de Génova 13 sostiene que no ha tenido «participación alguna» en los delitos que se le imputan y remarca que sigue sin conocer a día de hoy «ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde» del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa. La fiscal anticorrupción ha reprochado a las acusaciones y al PP que pidan la nulidad del procedimiento tratando de «intoxicar el trámite», lo que, en su opinión, es una defensa «oportunista, desenfocada y muy grave».
Por otra parte, Esperanza Aguirre ha respondido en rueda de prensa a José Luis Peñas en estos términos, según la agencia Europa Press: “A propósito del juicio de la Gürtel, Aguirre ha asegurado que ella «impidió» que lo que presuntamente se había hecho en Arganda se hiciera en Majadahonda, porque cambió al alcalde. Aguirre ha respondido así al ex concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que grabó al cabecilla de la trama Francisco Correa, después de que, según la portavoz, haya dicho que ella conocía lo que había ocurrido en Arganda. «Le recomiendo a este señor que por favor lea mi libro, que lo que digo exactamente es que se nos citó a una reunión para explicarnos que el alcalde de Majadahonda iba a vender unas parcelas a mitad de precio y que de esa diferencia se iban a lucrar unos cuantos, presuntamente, entre ellos, este señor», ha manifestado Aguirre. «Es verdad que él grabó a Correa y llevó las grabaciones al juez (Baltasar) Garzón, pero la que impidió que lo que presuntamente se había hecho en Arganda se hiciera en Majadahonda fui yo, porque cambié al alcalde», ha agregado. En cuanto a la declaración de un acusado en el juicio de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid en la que ha asegurado que quien le habló de esa retribución presuntamente opaca fue el ex viceconsejero de Hacienda de Aguirre, Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Aguirre ha afirmado que no conoce al acusado, José María Buenaventura, ex jefe de gabinete de la entonces concejala de Hacienda, Engracia Hidalgo, y que no tiene «ni idea». «Una cosa es tener una tarjeta de empresa y otra es que sea opaca y que no declare al fisco», ha apostillado.
Nueva sesión del juicio por las tarjetas black de Caja Madrid
Sobre lo que sí se pronunció el tribunal —para rechazarlo— fue sobre la petición de dos acusaciones populares —la de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y el PSOE de Madrid— de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sea citado como testigo en el juicio. Los magistrados descartaron de momento esta testifical “sin perjuicio de que se pueda acordar de considerarlo necesario según el desarrollo del juicio oral”. Dos procesados adujeron, entre otras razones, que las grabaciones subrepticias realizadas en 2008 por el edil de Majadahonda José Luis Peñas, y las grabaciones ilegales ordenadas por el primer juez instructor del caso, Baltasar Garzón, y que han sido anuladas, contaminan de raíz todo el procedimiento. A estas alegaciones se sumó el miércoles pasado el abogado del PP, considerado en el juicio partícipe a título lucrativo, es decir que supuestamente se benefició del fruto de un delito sin ser consciente de su origen ilícito. El tribunal presidido por Ángel Hurtado —y en el se sientan también los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada— optó por no pronunciarse sobre estas peticiones de nulidad, que ya fueron desestimadas durante la fase de instrucción por la Sección Cuarta de la Audiencia y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El tribunal se referirá a ellas en el momento de dictar sentencia. El macrojuicio —con 37 procesados y más de 300 testigos— está previsto que se adentre en el segundo trimestre de 2017.
