J. FEDERICO MTNEZ. Parecía que el «caso Aedas» se había «aparcado» con la «marcha atrás» del alcalde de Majadahonda, José Luis Alvarez Ustarroz (PP), al conceder por sorpresa la licencia de construcción a la promotora. De hecho, las obras han comenzado ya este mes de agosto (2020) con el movimiento de tierras. Y las 210 familias afectadas que han confiado en Aedas para construir su casa ya no tienen nada que temer. Sin embargo, el primer edil ha aprovechado este mes de vacaciones para dar una orden que ha sorprendido a los funcionarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Majadahonda: hay que proseguir con la investigación urbanística sobre el ex alcalde Narciso de Foxá y su concejal de Urbanismo, Pablo García, de su mismo partido (PP). Y para ello, una vez que se ha «quitado de enmedio» al concejal Manuel Troitiño (60 años), cesado en sus funciones y enviado a Cultura, ahora será su concejala de confianza, Vanesa Bravo (33 años), la que ejecute la orden del alcalde de «guillotinar» a Foxá por la decisión que adoptó sobre esta parcela hace 6 años, concretamente en diciembre de 2014. La decisión de contratar al bufete Delfa Abogados-Galivalia la ha tomado Ustarroz este miércoles 19 de agosto de 2020 a las 22:50 horas de la noche, según refleja el documento telemático al que tuvo acceso este periódico. Y deja claro a su autor: «Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda». Con ello, formaliza la adjudicación con el número de Expediente 26/2020 y le da a este bufete de abogados un plazo largo: hasta el 31.12.2021. Esto significa que los letrados tendrán casi 1 año y medio para realizar su investigación y comprobar lo que el joven alcalde no logra sacarse de su cabeza y es el objeto del contrato: «los servicios de asesoramiento jurídico y emisión de informes para el Ayuntamiento de Majadahonda en relación con la posible declaración de oficio de la nulidad del Acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 2014 consistente en la “Resolución del contrato de enajenación de una parcela municipal por incumplimiento culpable del contratista«, en alusión a los terrenos de AEDAS.

Eso sí, el importe de adjudicación de los 88.000 euros iniciales ha bajado algo gracias a la libre concurrencia: «El precio del contrato asciende a 60.500 € (IVA incluido), desglosándose en un importe de 50.000 € más 10.500 € correspondiente al 21% de IVA», dice el documento que adjudica el «Contrato de Servicios de Asesoramiento Jurídico RN1» a la empresa Delfa Abogados-Galivalia «al ser la mejor oferta relación calidad precio, que ofrece a tomar a su cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, totalizándose la oferta en 60.500 €». Igualmente, de acuerdo con su oferta, la adjudicación comprende 15 horas de asistencia horaria semanal para informar al responsable del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de las actuaciones desarrolladas, acudiendo incluso a las dependencias municipales cuando así fuera requerido con un mínimo de dos horas semanales sobre como va evolucionando la investigación a Foxá. Ustarroz ha contratado a estos abogados para que estén adscritos durante 16 meses a la ejecución del contrato, «2 de ellos con más de 10 años de experiencia y otro con más de 5 años de experiencia profesional en asesoría jurídica integral y continuada prestada a entidades u organismos del sector público en las materias de administrativo en su vertiente de urbanismo y contratación, y derecho civil en su vertiente registral, inmobiliario e hipotecario«.

Cuando todos pensaban que el alcalde desistiría del intento de revocación del acuerdo plenario de 2014, que ya es imposible de torcer por haberse concedido la licencia a AEDAS, los técnicos consultados coinciden en que lo único que puede mover este «instinto homicida» de «matar al padre» en términos políticos es el deseo de «empurar» a su predecesor. Y llevarse por delante también al concejal Pablo García, que actualmente trabaja en un gabinete privado con el que fuera también concejal de Majadahonda, José Antonio Carnevalli. Por ultimo, el informe municipal señala que la adjudicación de Ustarroz de este mes de agosto se ha producido tras haber «excluido una oferta por ser anormalmente baja», en alusión a la de Andersen Tax & Legal Iberia y tras haber descartado a la ganadora entre las 14 presentadas, el despacho de abogados “Con-Lex” de Las Pedroñeras (Cuenca) ganador del concurso que quedó fuera del mismo “por no acreditar su solvencia“.