EUROPA PRESS. El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antigua IVIMA en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP), presidente que fue encarcelado por corrupción. El alto tribunal ha desestimado el incidente de nulidad presentado por la Comunidad de Madrid, que solicitaba “defender los intereses de los afectados”, unas 1.000 personas que ya habían adquirido las viviendas. Las casi 3.000 viviendas fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20% más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Tielmes, Parla, Collado Villalba, Majadahonda (332 pisos), Navalcarnero, Leganés, Valdemoro y Arroyomolinos.

El Supremo confirma así el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también rechazaba la petición de nulidad del Ejecutivo regional. La providencia considera que no se ha vulnerado el derecho fundamental de la administración regional pues la resolución del recurso de casación se ajusta “íntegramente” a lo dispuesto en la legislación. “No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones [vendidas], cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, argumentaba la sentencia ratificada. El TSJM aseguraba que esas viviendas fueron concebidas con una función social para atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que el fondo Goldman Sachs-Azora no tiene obligación de hacer.

“No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones [vendidas], cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, argumentaba la sentencia ratificada. El TSJM aseguraba que esas viviendas fueron concebidas con una función social para atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que el fondo Goldman Sachs-Azora no tiene obligación de hacer. La abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alejandra Jacinto, ha celebrado la decisión, pero exige al Gobierno regional que “deje de dilatar” el acatamiento del fallo. Según la representante, la continuidad de los desahucios de este fondo de inversión es “responsabilidad directa” de la Comunidad de Madrid y, por tanto, deben reparar “el daño a las familias”. Toda la información sobre los 332 afectados de Majadahonda en MJD Magazin.