J. FEDERICO MTNEZ. Nuevo escándalo de corrupción y los jueces parecen dispuestos a investigarlo. Para ello, la «garganta profunda» es un conocido político preso que está dispuesto a «tirar de la manta»: el ex alcalde del PP de Majadahonda, Guillermo Ortega, alias «Willy«. Con 38 años entre rejas como horizonte, apela a su condición de «arrepentido» y está dando pruebas de las fechorías que se han cometido en el Mercado de Puerta de Toledo. Y la primera «víctima» en un personaje de la «jet set» española: «Según explica la Fiscalía Anticorrupción, Ortega declaró que “recibió instrucciones a través de Álvaro Arenzana, [ex vicedirector del Imade], para realizar campañas de publicidad sobrevalorando los costes como medio para lograr obtener un fondo (o caja) que integraba el dinero a disposición del PP de Madrid. Igualmente declaró que responsables políticos, como la propia presidenta (Esperanza Aguirre) o Francisco Granados, [ex consejero autonómico], le felicitaron en ocasiones por llevar a cabo tales prácticas, que venían dadas desde arriba”, apostilla el ministerio público en un escrito fechado este 26 de agosto al que ha tenido acceso el diario «El País». Álvaro Arenzana está casado con Alejandra Martos, hija del cantante Raphael y de Natalia Figueroa, hija de Agustín de Figueroa y nieta del Conde de Romanones. Y su hermano Manuel Martos, productor ejecutivo de Universal Music Spain, con Amelia Bono, hija del político socialista Pepe Bono. El maridaje de ambas familias las convierte en unas de las más influyentes de la antigua órbita PP-PSOE: como anécdota señalar que incluso José Bono y Raphael comparten médico capilar: «Tanto el expresidente de Castilla-La Mancha como el cantante, unidos familiarmente por el matrimonio de sus respectivos hijos, acuden a la Unidad Médica Serrano para mantener su melena perenne con el paso de los años», informaba Jesús M. Ruiz en «El Confidencial«. Y el periodista Enrique de Diego añadía en «Rambla Libre» que comparten algo más que médico: «Escándalo: Pepe Bono y Raphael, titulares de una cuenta de 160 millones en filial del Santander en Bahamas».

«La reactivación del caso Púnica coge velocidad. Manuel García-Castellón, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, ha puesto en marcha una nueva batería de iniciativas para rastrear más presuntos amaños urdidos por el PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad. Según consta en un auto fechado este 3 de septiembre, al que tuvo acceso El País, el magistrado ha ordenado recabar la contabilidad de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo S. A., así como los contratos adjudicados por esta compañía y el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dependiente también del Gobierno regional, después de que uno de los implicados en la trama Gürtel señalase que desde ambos organismos se desviaron fondos a la caja b del partido conservador», cuentan los periodistas J. J. Gálvez y José Marcos.

Y la llave de esta caja de sorpresas la tiene «Willy«: «Estas nuevas pesquisas tienen su origen en la última declaración de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda del PP y en prisión después de que la Audiencia Nacional lo condenara a 38 años y tres meses por su implicación en la trama Gürtel. Durante esa cita, celebrada el pasado 9 de julio, el exregidor no solo señaló que Esperanza Aguirre controlaba la financiación irregular del PP autonómico, sino que detalló toda una serie de supuestas maniobras ilícitas que habría conocido gracias a los puestos que ocupó. Según afirmó, después de que la dirigente popular lo invitara a abandonar la alcaldía, lo colocó como gerente de Mercado Puerta de Toledo, desde donde se inflaban facturas para desviar dinero a las arcas en negro que manejaba la formación».

Por eso se han encendido las luces rojas de la Justicia y los jueces se han activado: “Todo lo expuesto por Ortega satisface los requisitos mínimos que, no sólo justifican, sino que hacen imperativo que se investiguen los hechos”, prosigue la Fiscalía en el documento, donde insta al juez a poner en marcha las nuevas pruebas. Una solicitud que García-Castellón acepta y que se traduce, como consta en su auto del 3 de septiembre, en pedir a la Comunidad la documentación sobre Mercado Puerta de Toledo. Es decir, concreta el magistrado, sus cuentas anuales desde 2006 a 2009 presentadas en el registro mercantil, el informe de auditoría y toda la contabilidad en la que se basa.

También, exige a la Consejería de Economía que aporte los contratos adjudicados por esa empresa e Imade durante esos años, “así como copia de las facturas abonadas”. Y, paralelamente, cita a declarar como imputado a Arenzana el próximo 13 de octubre. A las 9.45 de la mañana. El ministerio público también ha pedido que Ortega vuelva a la Audiencia, pero que lo haga esta vez como imputado, pues su testimonio del 9 de julio tenía claro contenido “auto inculpatorio”. El juez lo ha descartado de momento, ya que considera que los hechos que se atribuye podrían haber prescrito. Eso sí, deja la puerta a hacerlo tras recabar la nueva documentación solicitada», concluyen los periodistas.