J. FEDERICO MTNEZ. «Frente al análisis efectuado en el presente informe sobre la base del estudio de la documentación remitida desde la administración autonómica, se encuentra la declaración de Guillermo Ortega Alonso afirmando que en muchos de esos contratos se desvió dinero público. Pues bien, lo cierto es que, más allá de las irregularidades detectadas en orden a la tramitación formal de los expedientes administrativos ya expuestas, lo cierto es que lo declarado por Guillermo Ortega Alonso no ha encontrado respaldo documental que permita tener por probado, si quiera a título meramente indiciario, la versión general ofrecida por el mismo». Con esta argumentación, el informe de 860 páginas sobre el «caso Púnica» de fecha 18 de julio (2022), al que ha tenido acceso MJD Magazin, y que ha sido elaborado por el Fiscal Alejandro Cabaleiro Armesto, perteneciente a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, desacredita la versión del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (PP), conocido en la ciudad como «Willy».

«En cuanto a la idoneidad de su declaración, por si misma como indicio probatorio de lo afirmado, hemos de señalar, al igual de lo ya expuesto en la presenta pieza separada al tratar la declaración de Luis Bárcenas Gutiérrez, que se trata de la declaración de una persona que ha sido condenada previamente por los hechos llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones públicas, así como que se trata de una versión hasta ahora no expuesta y contraria a otras previas. Todo ello, hace que su mera declaración resulta procesalmente insuficiente para sostener, con base a la misma, la apertura de un juicio oral«, prosigue el fiscal.

Y concluye: «Con fecha 14 de enero de 2.021 se acordó oficiar al Centro Penitenciario para informar que el letrado de Guillermo Ortega llevaría el ordenador», señala el texto en alusión al acceso que tuvo «Willy» desde la cárcel a su disco duro. Sin embargo, «con fecha 1 de febrero de 2.022 se presentó el oficio de la UCO (Guardia Civil) del mismo día informando sobre las facturas, si bien, para señalar que no habían sido localizadas. Se le concede un plazo máximo de 2 meses para que presente su escrito. Tras su El notificación el mismo dirigió nuevo escrito al juzgado el día 24 de mayo de 2.022 por el que, tras alegar problemas informáticos, solicita una ampliación del plazo para presentar su escrito, lo que es objeto de contestación por providencia del día 1 de junio de 2.022 por la que se resuelve que “procede conceder una última e improrrogable ampliación del plazo por término de 10 días”. Sin embargo, tampoco lo aprovechó, por lo que el Fiscal ha decidido no creerse nada de lo que dice.fiscal anticorrupción fiscal anticorrupción fiscal anticorrupción