Los arquitectos creen que el caso de las oposiciones de Majadahonda es más grave que el de RTVE: los dos imputados en el fraude de las Oposiciones de RTVE están acusados de delito revelación de secreto por particulares, regulado en el artículo 199 del Código Penal y con pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años. Todo ello, independientemente de que más tarde RTVE pueda reclamar el coste económico de la suspensión y la nueva convocatoria del examen de oposición, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento en que incurrieron los opositores citados a la prueba fallida.

MANU RAMOS. (28 de mayo de 2025). El arquitecto Daniel Sanz ha declarado en una entrevista con MJD Magazin que el caso de las oposiciones para arquitectos municipales de Majadahonda se parece mucho al reciente escándalo por fraude en las oposiciones de RTVE pero en mayor gravedad: «En las oposiciones fraudulentas de RTVE había menos diferencia que en estás del Ayuntamiento de Majadahonda. En nuestro caso, la primera aspirante (la actual arquitecto municipal) tiene un 9,63, el segundo un 9,01 y el tercero poco más de un 4,50. Casi un 100% de diferencia entre el 3º y el 2º, y recordamos que solo había 2 plazas en concurso». En el caso de RTVE, ha sido el propio ente público el que ha informado que «el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que investiga la filtración del examen de oposición de la ocupación de información y contenidos en RTVE, ha acusado de un delito de revelación de secretos entre particulares a 2 trabajadores de la Corporación vinculados a UGT: su secretario de Organización en Madrid y un miembro de ese sindicato que formaba parte del tribunal examinador. El pasado 29 de septiembre, a pocas horas del examen, RTVE tuvo que aplazarlo por una filtración de las preguntas, que afectó a unas 5.000 personas que estaban citadas a la prueba. Según fuentes de la investigación, una trabajadora recibió el documento de uno de los investigados y se lo hizo llegar a la persona del tribunal que alertó de la situación. Una vez interpuesta la denuncia, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y agentes de la brigada judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se hicieron cargo de la investigación. Unas semanas más tarde, la Policía Nacional arrestó a un miembro del sindicato UGT por difundir presuntamente los exámenes. El detenido, que fue puesto en libertad tras acogerse a su derecho de no declarar, no es la persona que accedió al archivo con las preguntas, sino quien posteriormente las difundió entre algunos de los candidatos, según señalaron fuentes policiales.

Manu Ramos

«RTVE INCOA UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A UN SEGUNDO TRABAJADOR», titula el comunicado del propio ente, que informa que «RTVE ha abierto expediente sancionador a los dos investigados. El primero fue el pasado 17 de octubre a un trabajador como «resultado del avance de las investigaciones» derivadas de la filtración de las preguntas. La semana pasada, la Corporación informó de que había incoado un nuevo expediente a un segundo trabajador por su presunta implicación como muestra del «firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la exigencia de todas las responsabilidades que correspondan». A ello se suma que se ha personado como acusación en la causa a través de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado. «Dichas diligencias se tramitan a raíz de la denuncia policial que, en su momento, interpuso RTVE cuando tuvo conocimiento de los hechos», ha recordado el ente público. La Corporación ha asegurado que colaborará con la investigación policial y «trabajando con la máxima determinación para esclarecer los hechos, garantizando la máxima transparencia, y procederá a exigir las responsabilidades que correspondan».

«En las oposiciones fraudulentas de RTVE había menos diferencia que en estás del Ayuntamiento de Majadahonda. En nuestro caso, la primera aspirante (la actual arquitecto municipal) tiene un 9,63, el segundo un 9,01 y el tercero poco más de un 4,50. Casi un 100% de diferencia entre el 3º y el 2º, y recordamos que solo había 2 plazas en concurso».

EL PRIMER INVESTIGADO DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL ES EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE UGT-RTVE EN MADRID, CÉSAR MORENO, la persona que habría difundido a ciertos opositores el contenido de las preguntas, lo que motivó la denuncia inicial y la suspensión del examen. El segundo de los investigados es el miembro del tribunal designado por UGT Julián Pérez Olmos, que resultó ser el autor del documento con el contenido del examen que más tarde se filtró. Los dos imputados están acusados de delito revelación de secreto por particulares, regulado en el artículo 199 del Código Penal y con pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años. Todo ello, independientemente de que más tarde RTVE pueda reclamar el coste económico de la suspensión y la nueva convocatoria del examen de oposición, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento en que incurrieron los opositores citados a la prueba fallida.