J. FEDERICO MTNEZ. Las declaraciones del concejal de Seguridad del PP, Angel Alonso Bernal, culpando a los jueces de Majadahonda de «poner en libertad» a delincuentes que fueron detenidos por la Guardia Civil han causado malestar entre la judicatura, según pudo comprobar este periódico en fuentes judiciales. En estos medios se asegura que todos los magistrados «cumplen la ley» que impide encarcelar a un presunto delincuente si no hay sentencia firme y niegan que exista impunidad, como insinúa Alonso. «Este verano enviamos a dos de ellos a prisión, hay dictadas órdenes de expulsión a Marruecos de otros condenados que están pendientes de ejecución, por lo que esa acusación es sobre todo profundamente injusta«, señalan. Los jueces piensan que al igual que ellos no opinan sobre la idoneidad de los cargos políticos que dirigen las fuerzas policiales, los políticos deberían ser más rigurosos al enjuiciar la labor de los magistrados. En este sentido recuerdan que estas acusaciones «demagógicas» lo único que intentan es derivar la responsabilidad de la gestión hacia otras instancias, ya que no se sustancian en casos concretos. El concejal Angel Francisco Alonso Bernal publicó estas acusaciones en su red social junto a una foto del ladrón del bar «La Rafaela» pero además las ha seguido profiriendo en otros ámbitos. Fuentes municipales señalaron que en la reciente reunión con el Círculo de Empresarios también se expresaron quejas hacia la labor judicial y concretamente se cifró en 7 el número de detenciones de ladrones que no habían sido ingresados en prisión, al tiempo que se mencionaba que habían sido detenidos los autores del robo del comercio chino situado junto al As de Bastos y el del restaurante «La Rafaela«.

Sobre esta materia, los jueces rechazan que se pueda «encarcelar» sin juicio si no es un caso «muy grave» con riesgo añadido de fuga ya que «el ordenamiento jurídico nos obliga a salvaguardar los derechos de las víctimas y de los acusados» antes de decretar una privación de libertad. Reconocen que hay un grupo de marroquíes que está «causando problemas» a la comunidad majariega pero cuyas actuaciones «están muy lejos de la impunidad». Y ponen como ejemplo el encarcelamiento de Rachid, conocido como «el perturbado de Majadahonda» junto a otro de sus compinches. «Entendemos que los agentes de la benemérita puedan sentirse frustrados cuando hacen su trabajo y detienen a los presuntos autores, pero a veces resulta que los que dicen que son los mismos de siempre luego, cuando los identificamos, no son esos «mismos de siempre», por lo que no se les puede aplicar la reiteración de delito». Y en cualquier caso los magistrados distinguen entre la queja de unos integrantes de una fuerza de seguridad y la de un político. En este caso, además, el protagonista está siendo investigado en otra causa, por lo que resulta extraño que ponga en tela de juicio o intente realizar presión sobre la función de aquellos otros poderes constitucionales que, entre otras cosas, podrían llegarlo a juzgar, según informa la cadena SER.