LIDIA GARCIA. «Desde el Ayuntamiento de Majadahonda justifican su decisión de cambiar de criterio apenas dos meses después y conceder la licencia en que la secretaria general del consistorio ha refrendado la postura de AEDAS». Así resume la periodista Ruth Ugalde de «El Confidencial» la «marcha atrás» del alcalde José Luis Alvarez Ustarroz en el «caso AEDAS». Y asegura que ha puesto como parapeto un informe de la secretaria, Celia Alcalá, «que alegaba que la tramitación de la licencia debía hacerse por separado del expediente de oficio que se lleva a cabo en el consistorio». Este expediente es con el que Ustarroz pretende investigar a su predecesor, Narciso de Foxá, «para aclarar si hubo alguna irregularidad en el pleno de diciembre de 2014 en el que se autorizó a Vallehermoso a vender la parcela a un tercero, que terminó siendo AEDAS (entonces Castlelake)».

«Este expediente es el que enlaza con la trama de corrupción de Gürtel, ya que, entre las condiciones del concurso público que Vallehermoso ganó para hacerse con esta parcela, estaba que no podía vendérselo a un tercero —solo podía recuperarlo el propio consistorio por incumplimiento—, limitación que se levantó en el citado pleno, cuya validez decidió Álvarez Ustarroz revisar por tercera vez, a pesar de que nadie había impugnado aquel acuerdo y de que Fiscalía Provincial de Medio Ambiente había archivado a finales del año pasado una denuncia por presunto delito de prevaricación urbanística», recuerda la periodista.

Y añade: «Antes que a Vallehermoso, el consistorio había declarado ganador del concurso a la constructora Afar 4, que se alzó con el triunfo tras un polémico cambio de criterio de los técnicos municipales. Esta adjudicación fue a la que se opuso Esperanza Aguirre, lo que conllevó la dimisión del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado por Gürtel, y la organización de otro nuevo concurso que dio como ganadora a Vallehermoso con una oferta muy superior a la de Afar«. Por último concluye: «Aunque el consistorio considera que está todo en regla para concederse la licencia, al constatar que «el propio consistorio no ha sufrido perjuicio económico alguno en las operaciones derivadas tras la venta de la parcela», todavía deja abierta la puerta a revisar aquel pleno. En concreto, afirma que «está pendiente de un informe externo sobre el que luego ha de informar la secretaria general. Solo si de ahí se derivan causas de nulidad de ese acuerdo de 2014, se mandaría a la comisión jurídica asesora» de la Comunidad de Madrid, lo que significaría emplazar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, a ser quien ponga punto y final a una historia que dura ya 15 años… y que está en el epicentro de la Gürtel». Lea el artículo completo.