LIDIA GARCIA. «El 3 de julio de 2018 nacía formalmente una macrooperación contra la corrupción municipal en España, bajo el nombre de «Enredadera«, y emanada del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona. En esa jornada se movilizaron medio millar de efectivos policiales en 12 comunidades autónomas que realizaron 50 detenciones, de los que 16 eran alcaldes y concejales y 8 jefes de Policía Local, y se realizaron un centenar registros, parte de ellos en 43 ayuntamientos. La situación actual de la macrocausa, tres años después, es que está a punto de dividirse en 30 piezas separadas, donde la Fiscalía de Badalona y la jueza del caso, que han cambiado en estos años, han considerado que debe instruirse los presuntos hechos delictivos detectados en los pinchazos». El periódico «Astorga Redacción» ha publicado la última hora del «caso Enredadera», un sumario sobre corrupción policial municipal que afecta a 6 Ayuntamientos del Oeste de Madrid: Majadahonda, Brunete, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Galapagar y San Lorenzo del Escorial. En la causa fueron detenidos 16 políticos, 9 jefes de Policía Local y varios funcionarios. Y el motivo lo explica el periodista Miguel Riaño «El Independiente«.

«En estas contrataciones, los expedientes esquivaban los concursos públicos desde el año 2010, por lo menos. Y se extendían hasta la actualidad. El rol que la UDEF asigna a varios de los policías locales, según ha podido confirmar El Independiente, era el de ejercer de intermediarios entre ayuntamientos y empresas a cambio del presunto cobro de comisiones». El Ayuntamiento de Majadahonda puso mucho énfasis en apuntar a un funcionario policial con iniciales J. L. y en desvincular de la trama al entonces jefe de policía, José María Calvo Hervás, un controvertido agente que había sido denunciado por el colectivo policial CPPM. Esta asociación profesional desveló que Calvo Hervás cometía irregularidades en su gestión porque «ni siquiera tiene titulación válida para el puesto en el que está en la actualidad” y afloró también un caso de corrupción por la compra millonaria de cámaras de seguridad que luego ni siquiera funcionaron. La noticia que «Astorga Redacción» publica adelanta que los juzgados de Majadahonda (municipio de Majadahonda); Móstoles (municipios de Brunete y Villanueva de la Cañada); Collado Villalba (municipios de Torrelodones y Galapagar) y San Lorenzo del Escorial (municipio de San Lorenzo del Escorial) tendrán que instruir esta causa tras el «despiece» de la documentación obtenida en la macrorredada.

En el marco de la operación trascendió la identidad de cuatro de los policías detenidos. Se trataba de José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada; José Manuel López, jefe de la Policía de Oviedo; el oficial de Policía Local en Alcobendas, Julio Villegas, según informó la Agencia Efe. En el caso de José Francisco Cano, se daba la situación de que es también miembro de directiva de Unijepol, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, una asociación que agrupa a jefes y mandos de los servicios de Policía Local de toda España. Cano fue arrestado mientras se encontraba de vacaciones en Almería, confirmaron a Efe fuentes policiales. También fue detenido el subinspector de Policía Local del Ayuntamiento de Pinto tras el registro practicado en dependencias municipales por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en busca de expedientes de contratación vinculados a esta presunta trama de corrupción. Y un subinspector de la Policía Local de Plasencia. La relación entre una empresa del grupo Sacyr y los cuerpos policiales explicaba, según los investigadores, que entre la nómina de arrestados hubiera hasta 9 jefes de policías locales, uno de ellos ya jubilado. Los agentes registraron un despacho en la sede de la Policía Local de Velez-Málaga. La lista de 39 detenidos la cerraban tres técnicos de ayuntamientos. En total se realizaron 92 registros que se repartieron entre los 25 ayuntamientos, 31 despachos profesionales, 24 domicilios particulares y 12 empresas, indicaba el periodista Alejandro Requeijo de «Voz Pópuli».

LA INVESTIGACION EN EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. «Redada en el Ayuntamiento de Majadahonda: la policía investiga a 1 funcionario«, titulaba MJD Magazin la noticia que revelaba la «redada» en el propio Ayuntamiento de Majadahonda: «La Policía investiga, exclusivamente, a un funcionario municipal”, adscrito al departamento de Nuevas Tecnologías y cuyas iniciales son J. L., según la agencia Efe. Fuentes municipales del Ayuntamiento de Majadahonda explicaban así a MJD Magazin el calado de la redada policial que había protagonizado la corporación y que desde El País y El Confidencial relacionaban con la “Macrorredada contra alcaldes y policías locales por una red de contratos fraudulentos ligados a la seguridad vial: La Policía destapa una trama para la instalación de semaforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado”. Aún así, la imagen de dos policías nacionales a la entrada del Consistorio majariego, junto a una furgona policial y coches de la UDEF aparcados en la peatonal de la Gran Vía, sobresaltó a la mayoría de los funcionarios y concejales, aunque los vecinos que paseaban lo aceptaron con mayor normalidad.

El colectivo policial CPPM Majadahonda había denunciado también hace solo unas semanas “malas prácticas y despilfarro” en la contratación de estas cámaras que, según fuentes de CPPM, “se hizo en Policía”, aunque no tenían constatación de la relación entre ambas actuaciones, salvo que poseía relación con Valoriza, la empresa concesionaria de la recogida de basuras y limpieza viaria en Majadahonda. «Vecinos por Majadahonda” emitió entonces un comunicado en el que consideraba “muy grave” el escrito del Colectivo Profesional de Policía de Majadahonda (CPPM) en el que asegura que han existido irregularidades en la adquisición de 11 chalecos antibalas por parte de la Concejalía de Seguridad y pide una explicación al Gobierno del PP para que se pronuncie con transparencia sobre esta compra y a la Oposición el motivo por la que no se ha hecho eco de esta denuncia, pues según CPPM envió este escrito a los 6 grupos municipales. “Vecinos por Majadahonda” quiere saber también si es cierto que se va a producir la “inminencia de un contrato de suministro de un lote de mayor envergadura (superior a las 100 unidades) de chalecos antibalas” y por qué se ha segregado esta compra menor.

«Nos parece igualmente gravísimo que CPPM, que es mayoritario en el Ayuntamiento de Majadahonda, afirme que “dicha acción podría haber quebrantado la Ley de Contratos del Sector Públicos, así como la Instrucción 002/2018 del Departamento de Secretaría sobre contratos menores, por fraccionamiento” y que denuncie “la gestión “opaca” llevada a cabo en los últimos años por el Departamento de Material en la gestión de este y otros asuntos, como el uso de tarjetas de combustible, la reparación de vehículos patrulla o la investigación al Ayuntamiento de Majadahonda en la “Operación Enredadera” por corrupción en la instalación de centros de pantallas y otros servicios de policía”. De todo ello está obligada a dar explicaciones la Concejalía de Seguridad, pues los vecinos, con mayúsculas y con minúsculas, estamos hartos ya de las constantes sombras de corrupción que empañan este Ayuntamiento», añadía la nota. Por último, «nos causa consternación que la propia Policía ponga en duda “la existencia de un Departamento de Material” porque según dice está “lejos de fiscalización”. Todas las compras de material y suministros deben estar sujetas a control y que CPPM diga que no se están fiscalizando nos causa un profundo temor ante lo que podemos encontrarnos si entramos en el Ayuntamiento. De ahí que sea más necesaria que nunca una alternativa como “Vecinos por Majadahonda”, que se presenta limpia, sin pasado y sin complicidades políticas de ningún tipo», concluía el comunicado.

LA OPERACION ENREDADERA: nació investigando una denuncia en el ayuntamiento catalán de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. Las intervenciones telefónicas llevaron a una madeja que descubrió una presunta trama de irregularidades en contratos con las policías municipales, en especial con el programa de gestión informática de la empresa Bilbomática (una filial de Sacyr), y de otros elementos de pacificación del tráfico; además se descubrió otra ‘subcausa’ con epicentro en Castilla y León, vinculada a presunta corrupción en contratación municipal relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, detenido en la operación. La complejidad de la causa, con miles de horas de grabaciones y cientos de documentos intervenidos en los registros pendientes de analizar, provocó que se dividiera en la pieza principal de Badalona, dedicada a los contratos policiales y de regulación del tráfico, y otras cuatro por presuntas irregularidades en otro tipo de contratación en León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero. Posteriormente, en el 2019, el análisis de los pinchazos telefónicos llevó al juzgado a pedir abrir otras 25 causas distintas en otras tantas ciudades por otros delitos al margen de lo investigado en ‘Enredadera‘.

COMIENZA LA INSTRUCCIÓN EN LOS JUZGADOS DE MAJADAHONDA: 6 AYUNTAMIENTOS DEL OESTE IMPLICADOS. En un escrito de octubre de 2020, la Fiscalía advertía que en Badalona se estaban «asumiendo hechos ocurridos en un total de 40 municipios pertenecientes a 12 comunidades autónomas», por lo que pedía derivar las causas correspondientes a las 30 cabezas judiciales correspondientes a cada lugar. La jueza del caso lo aceptó el pasado mes de noviembre, pero está pendiente de formalizar hasta que se resuelvan todos los recursos presentados por las decenas de investigados. Así Badalona sólo se quedará con la pieza original de Mongat y el resto irán a los juzgados correspondientes a cada ciudad. En un auto reciente la jueza reconocía lo «acertado» del nombre con el que la Policía bautizó la operación –Enredadera– reseñando que «resulta insostenible la inadecuada (por dilatada) instrucción que ha venido desarrollándose hasta ahora, fruto de la extensión que ha alcanzado, volumen ingente de documental, número de investigados, cuyo resultado implica un enmarañado análisis de la causa». La Fiscalía, además de reiterar la partición en 30 causas, junto a las 5 originales y las otras 25 adicionales que se abrieron, ha pedido extender por 6 meses más hasta final de año la declaración de ‘instrucción compleja’ de la causa.

«Una vez que la causa se divida los juzgados de cada zona asumirán la parte correspondiente que hasta ahora se seguía en Badalona por los municipios y demarcaciones. Y por Comunidades Autónomas los casos recaen en los siguientes juzgados (y municipio en investigación): Comunidad de Madrid: juzgados de Alcobendas (municipio de Alcobendas); juzgados Navalcarnero (municipios de Aldea del Fresno y Arroyomolinos); juzgados de Móstoles (municipios de Brunete y Villanueva de la Cañada); juzgados de Fuenlabrada (municipio de Fuenlabrada); juzgados de Collado Villalba (municipios de Torrelodones y Galapagar); juzgados de Colmenar Viejo (municipios de Hoyo de Manzanares y Manzanares El Real); juzgados de Majadahonda (municipio de Majadahonda); juzgados de Parla (municipios de Parla y Pinto); juzgados de San Lorenzo del Escorial (municipio de San Lorenzo del Escorial)», concluye Astorga Redacción sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid.