J. F. MTNEZ/M. RAMOS. Las reacciones en Majadahonda a la noticia adelantada por El Confidencial de que la promotora AEDAS (con una capitalización bursátil superior a los 1.500 millones de euros) prepara una demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda por valor de entre 200 y 230 millones de euros con “imputabilidad objetiva” por la decisión del alcalde, José Luis Alvarez Ustarroz (PP) y su concejal de Urbanismo, Manuel Troitiño, por paralizar la licencia de construcción de 210 viviendas en la parcela situada frente a los campos del Rayo Majadahonda en La Oliva, ha sacudido la ciudad. El hecho de que la prestigiosa consultora Price Waterhouse avale la demanda ha reforzado aún más la idea generalizada de que Ustarroz y Troitiño se han metido en un «jardín» de impredecibles consecuencias políticas, económicas y judiciales. Y es que esta paralización de palabra y de obra se ha materializado en un concurso público de 88.000 euros al que se han presentado 14 bufetes de abogados de Madrid. El concurso (cuyo pliego muestra la imagen) va a retrasar aún más una licencia que supera ampliamente la tardanza media, ya de por sí la peor de España en cuanto a plazos de tramitación, según la asociación ASPRIMA. Y ha levantado entre los propietarios afectados numerosas sospechas de favoritismo hacia otras promotoras, pues creen que se prima o castiga a las empresas privadas y asociaciones civiles independientes en función de su «proximidad» o «generosidad» hacia el PP local. Así las cosas, mientras PP y Vox guardan un cómplice silencio sobre la decisión, Cs se ha pronunciado al respecto y PSOE está a la espera de un pronunciamiento jurídico propio. Por su parte, el todavía presidente del PP, Narciso de Foxá, se ha entrevistado con miembros de la Plataforma de Afectados por la Parálisis Urbanística de Majadahonda, a quienes ha manifestado su «perplejidad» ante la decisión del actual alcalde, que califica de «barbaridad«.

Los citados miembros de la Plataforma también han contactado con el ex concejal de Urbanismo, Pablo García, también del PP, que se ha pronunciado en los mismos términos y que según fuentes populares está dispuesto a declarar ante el juez sobre la legalidad de esta construcción y la «incomprensible» decisión política de paralizar la licencia. Otras voces de la Plataforma de Afectados sugieren acudir directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y el presidente nacional, Pablo Casado, por lo que consideran una arbitrariedad del joven alcalde, asesorado por el veterano edil, con incalculables consecuencias políticas, económicas, judiciales y electorales. Estas son las reacciones suscitadas:

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA PARÁLISIS URBANÍSTICA DE MAJADAHONDA. «Hace un mes que no os trasladábamos noticias de nuestra Promoción (Qian), pero las gestiones y el contacto con el Ayuntamiento de Majadahonda han sido periódicos. Hoy hemos hablado telefónicamente con el alcalde y nos ha informado que si el Informe Jurídico que va a contratar (!) es positivo, la licencia de obras podría estar para finales de julio o primeros de agosto 2020. ¿Será verdad esta vez? Nuestro planteamiento es el mismo: el expediente de la licencia está concluido y debe de otorgarla ya. Si quiere revisar las decisiones de un Pleno del 22/12/2014, que no ha sido impugnado por nadie, y donde por cierto, tenía mayoría el PP, que lo haga y demande a quien él considere, si así lo entiende. Y a ser posible que todos estos informes y demandas no las paguemos los majariegos, pero que no demore la licencia ni un día más. Nos consta que AEDAS ha puesto en marcha su maquinaria de Recursos y Reclamaciones y desde la Plataforma vamos a seguir pidiendo lo que entendemos que es justo y legal: vamos a solicitar una nueva reunión con el alcalde para la semana que viene, para hacerle llegar nuestro enfado. No tiene sentido ni lógica tener parada una inversión de más de 100 millones de € en nuestro municipio y, además, lo más grave, estar perjudicando a 210 familias que no pueden tener acceso a su vivienda«, concluye esta Plataforma de Afectados, que no ceja en su empeño de reunirse con los políticos que están adoptado esta a su juicio «arbitraria» decisión.

CIUDADANOS: «CUALQUIER IRREGULARIDAD DEBE TENER EL MINIMO IMPACTO PARA LOS VECINOS DE MAJADAHONDA»: «En Cs estamos comprometidos con los vecinos de Majadahonda y siempre cumpliendo con la Ley. Por eso, actuando conforme a la obligación que nos impone la legislación vigente, pusimos en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que arrancan del pleno del 22 de diciembre de 2014, en el que se acordó la resolución del contrato de enajenación de la parcela RN-1 -parcela con una dilatada historia vinculada con la operación Gürtel-, por incumplimiento del entonces adjudicatario, y ante la posibilidad de que pudieran revestir carácter delictivo. La Fiscalía decidió archivar el expediente abierto a partir de esta información. Aun así, dado que parece que se están produciendo novedades en el ámbito municipal, desde el Grupo Municipal Ciudadanos seguiremos de cerca toda la actualidad relativa a la parcela RN-1, velando porque todas las actuaciones cumplan la legalidad y trabajando para que cualquier posible irregularidad cometida, en su caso, tenga el mínimo impacto para nuestros vecinos«.

EXPERTOS JURIDICOS CREEN QUE LA DEMANDA DE AEDAS «DIBUJA» EL DELITO DE PREVARICACION. La eventual demanda de AEDAS contra la decisión del Ayuntamiento de Majadahonda adoptada por Ustarroz y Troitiño (este último arrastra también un largo historial judicial a sus espaldas), cuyo contenido ha adelantado «El Confidencial», posee una muy intencionada base jurídica y dibuja el presunto delito de «prevaricación», a decir de algunos expertos jurídicos. Según revelaba la periodista que tuvo acceso al texto, los cargos públicos municipales han efectuado «un acto administrativo cuya iniciativa, sustanciación y resolución adopta el Ayuntamiento”, lo hacen en “ausencia de fuerza mayor” y “daría cumplimiento a todos los requisitos para que del acuerdo de resolución de nulidad nazca una responsabilidad patrimonial de la Administración”.

Por último, el borrador de la demanda alude a la “inopinada e inesperada” revisión de oficio que se acordaría «casi 6 años después de que se aprobara el acuerdo del pleno de diciembre de 2014, el cual fue soportado por los informes de la secretaría general y de la intervención municipales previos a dicho acuerdo, además de un informe posterior de Andersen Tax”, en alusión a Celia Alcalá y Julio Prinetti, secretaria e interventor, cuya decisión se ve ahora revocada al paralizar la licencia. En su opinión, estos elementos llevan a la auditora-consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) a sostener “que la buena fe se presume siempre, mientras que al que afirma la mala fe le corresponde la prueba“, algo que el alcalde y el concejal no han acreditado en AEDAS. En el Ayuntamiento, sin embargo, sí ven esta intencionalidad, que Ustarroz y Troitiño (que tuvo un sonoro enfrentamiento con Foxá la pasada legislatura) la dejan entrever con sus decisiones de investigar tanto al ex alcalde como al ex concejal de Urbanismo Pablo García.